El Tribunal Constitucional está más cerca de dar la razón a Extremadura por el recurso de inconstitucionalidad que la Junta presentó en el 2007 contra el nuevo Estatuto de Andalucía, en el que esta comunidad autónoma se reserva las competencias en exclusiva sobre las aguas del Guadalquivir pese a que una parte de la cuenca está en territorio extremeño, manchego y murciano. Así lo publicaron ayer los periódicos andaluces del Grupo Joly Diario de Sevilla y Huelva Información, que informan de que la ponencia sobre la que trabajan los magistrados del tribunal declara el artículo 51 del estatuto andaluz incompatible con la Constitución, tal y como sostiene la Junta de Extremadura en su recurso.

La ponencia, que elabora el magistrado Javier Delgado, aún debe ser discutida en el pleno del Constitucional. Si la mayoría de los componentes de esta sala la aprueban, el artículo 51 quedaría directamente anulado y Andalucía tendría que devolver las competencias sobre el Guadalquivir al Estado --el traspaso se materializó a través de un decreto ministerial el año pasado--. Según la prensa andaluza, en este momento los esfuezos políticos se centran en suavizar el contenido de este texto y conseguir una sentencia interpretativa que salve, con ligeras modificaciones, este precepto del nuevo Estatuto.

La consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, explicó ayer que espera una sentencia que permita a su Gobierno desarrollar "con normalidad" las competencias sobre el Guadalquivir. Actualmente esta región explota, conserva y administra el aprovechamiento de 53 de los 57 embalses de la cuenca, pues se excluyen los de Fresneda, Montoro, Jándula y Pintado, que gestiona el Ejecutivo central porque vierten a Extremadura y Castilla-La Mancha.