La CHD resuelve caducar la concesión otorgada para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Barbellido, en Ávila
Sáb, 11/09/2010
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha resuelto caducar la concesión otorgada a la empresa Unión Fenosa Renovables para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Barbellido, en la Sierra de Gredos, en la provincia abulense, por los daños causados a la fauna piscícola del cauce.
La resolución establece que la empresa concesionaria ha incumplido seis de las condiciones establecidas en la concesión otorgada por la CHD en el año 1994 para el aprovechamiento del río, según informaron fuentes del organismo de cuenca a través de un comunicado recogido por Europa Press.
"Las cláusulas concesionales que ha incumplido el titular hacen referencia a las características y condiciones de las obras", continúan las mismas fuentes, que justifican que "los trabajos no se ajustan al proyecto constructivo, las instalaciones están en deficiente estado de conservación".
Las cláusulas incumplidas también hacen referencia a la explotación que "está afectando negativamente al medio ambiente" pues "no se ha respetado el mantenimiento del caudal ecológico establecido y no se ha garantizado el paso de la fauna piscícola".
Los incumplimientos medioambientales han sido una de las razones de peso para caducar la concesión dado que ha quedado demostrado que la central, de escasa potencia "está generando un impacto importante" en el río Barbellido, uno de los principales ríos trucheros de la cuenca, ubicado en la Sierra de Gredos y declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
La caducidad de la concesión, demandada por numerosas asociaciones ecologistas entre las que destacan la Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF España, la Unión Nacional de Pescadores Conservacionistas, la asociación Prohucho, AEMS Ríos con Vida, Ecologistas en Acción o la asociación ecologista Centaurea cuenta con los informes favorables de, entre otros, la Abogacía del Estado y de la Junta de Castilla y León que entiende que la cese de actividad de la central hidroeléctrica supondría una recuperación del ecosistema fluvial afectado.
La extinción del derecho de aprovechamiento implica la paralización inmediata de la actividad así como la reversión al Estado de forma gratuita y libre de cargas de las obras que se han construido dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento así como de las instalaciones electromecánicas de la central.
La resolución establece que la empresa concesionaria ha incumplido seis de las condiciones establecidas en la concesión otorgada por la CHD en el año 1994 para el aprovechamiento del río, según informaron fuentes del organismo de cuenca a través de un comunicado recogido por Europa Press.
"Las cláusulas concesionales que ha incumplido el titular hacen referencia a las características y condiciones de las obras", continúan las mismas fuentes, que justifican que "los trabajos no se ajustan al proyecto constructivo, las instalaciones están en deficiente estado de conservación".
Las cláusulas incumplidas también hacen referencia a la explotación que "está afectando negativamente al medio ambiente" pues "no se ha respetado el mantenimiento del caudal ecológico establecido y no se ha garantizado el paso de la fauna piscícola".
Los incumplimientos medioambientales han sido una de las razones de peso para caducar la concesión dado que ha quedado demostrado que la central, de escasa potencia "está generando un impacto importante" en el río Barbellido, uno de los principales ríos trucheros de la cuenca, ubicado en la Sierra de Gredos y declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
La caducidad de la concesión, demandada por numerosas asociaciones ecologistas entre las que destacan la Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF España, la Unión Nacional de Pescadores Conservacionistas, la asociación Prohucho, AEMS Ríos con Vida, Ecologistas en Acción o la asociación ecologista Centaurea cuenta con los informes favorables de, entre otros, la Abogacía del Estado y de la Junta de Castilla y León que entiende que la cese de actividad de la central hidroeléctrica supondría una recuperación del ecosistema fluvial afectado.
La extinción del derecho de aprovechamiento implica la paralización inmediata de la actividad así como la reversión al Estado de forma gratuita y libre de cargas de las obras que se han construido dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento así como de las instalaciones electromecánicas de la central.