Los regantes reclaman una Ley Orgánica en materia de agua
Vie, 03/09/2010
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha exigido el desarrollo de una Ley Orgánica en materia de aguas que "ponga coto definitivamente a las injerencias de las comunidades autónomas en competencias exclusivas del Estado".
Según indicó Del Campo durante su intervención en uno de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), las autonomías se han atribuido competencias en estos últimos años a través de reformas estatutarias con articulados más o menos "egocéntricos" en cuencas intercomunitarias.
Los regantes alertan de que la cesión de competencias sobre el Guadalquivir "ha sentado un mal precedente", e insisten en que la planificación hidrológica nacional corresponde al Estado, tal y como recoge el artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas.
Ante esta situación, Del Campo insistió en la necesidad de zanjar este "grave error político" y recordó que las comunidades autónomas ya participan de modo directo en la gestión del agua, dado que por ley tienen representación institucional en las Confederaciones Hidrográficas y ostentan las competencias sobre la demanda.
Además, afirmó que modificar los límites naturales para hacerlos coincidir "artificialmente" con las delimitaciones administrativas generará un modelo autonómico "insolidario", así como "guerras del agua".
En este sentido, advirtió de que una "excesiva territorialización" de la gestión de las cuencas puede derivar en una "auténtica sequía estructural", al no existir recursos suficientes para atender todas y cada una de las demandas locales.
Según indicó Del Campo durante su intervención en uno de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), las autonomías se han atribuido competencias en estos últimos años a través de reformas estatutarias con articulados más o menos "egocéntricos" en cuencas intercomunitarias.
Los regantes alertan de que la cesión de competencias sobre el Guadalquivir "ha sentado un mal precedente", e insisten en que la planificación hidrológica nacional corresponde al Estado, tal y como recoge el artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas.
Ante esta situación, Del Campo insistió en la necesidad de zanjar este "grave error político" y recordó que las comunidades autónomas ya participan de modo directo en la gestión del agua, dado que por ley tienen representación institucional en las Confederaciones Hidrográficas y ostentan las competencias sobre la demanda.
Además, afirmó que modificar los límites naturales para hacerlos coincidir "artificialmente" con las delimitaciones administrativas generará un modelo autonómico "insolidario", así como "guerras del agua".
En este sentido, advirtió de que una "excesiva territorialización" de la gestión de las cuencas puede derivar en una "auténtica sequía estructural", al no existir recursos suficientes para atender todas y cada una de las demandas locales.