Feragua ha hecho llegar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía su profundo malestar por los desconcertantes episodios que están viviéndose en la política de aguas andaluza en las últimas semanas, primero con el anuncio de la desaparición de la Agencia Andaluza del Agua (sólo cinco años después de su creación) y finalmente con la adaptación "improvisada" de la Ley de Aguas a los cambios previstos en la estructura de la administración.
Los regantes ven con enorme preocupación que las competencias del agua vayan a quedar diluidas dentro de las más genéricas de medio ambiente y consideran que este nuevo enfoque, impuesto por el Gobierno andaluz sin ningún diálogo e introducido en la nueva Ley a través de las enmiendas del grupo socialista, rompe uno de los consensos básicos del Acuerdo Andaluz por el Agua, que se refería a una Administración del Agua con mayúsculas, es decir, a la conveniencia de que los asuntos del agua fueran gestionados por un organismo específicamente competente en estos asuntos. Asimismo, contemplan con gran inquietud que las competencias vayan a quedar repartidas entre una secretaría general y una macroagencia de nueva creación, que integre a la actual Egmasa (Empresa de Gestión Mediambiental).

Feragua teme que la operación tenga una finalidad recaudatoria

Feragua considera que esta reforma no va a producir ningún tipo de ahorro, va a introducir una mayor descoordinación en la gestión de las políticas de aguas, y sobre todo se va a traducir en una mayor intervención política en la gestión del agua. Asimismo, teme que detrás de esta operación se esconda un afán de aumentar la capacidad recaudatoria, y que, al quedar diluidas las competencias sobre el agua dentro de las más genéricas de medio ambiente, los nuevos gestores traten de imputar a los usuarios algo más que los de costes de las obras hidráulicas de las que se benefician
La primera asociación del regadío andaluz lamenta asimismo que el Gobierno andaluz haya perdido la oportunidad de aprovechar el proceso de modificación parlamentaria en que se encontraba la Ley de Aguas para reforzar la aplicación del principio de unidad de cuenca a su política hidráulica, que ha sido eliminado del texto final de la Ley, en contraposición con el Acuerdo Andaluz por el Agua que lo declara como principio fundamental de la gestión de las aguas en Andalucía.

La regulación de impuestos, ambigua

Por lo demás, los últimos cambios tampoco han corregido ninguno de los otros aspectos principales de la Ley de Aguas andaluza que Feragua considera deficientes. Así, permanece idéntica la regulación del Banco Público de Aguas, la cual parece permitir que los recursos ahorrados por la modernización del regadío con el esfuerzo económico de los regantes, puedan asignarse a nuevos usuarios no concesionarios, algo que puede significar la concesión indiscriminada de recursos a nuevos aprovechamientos y por ende una mayor sobreexplotación de las cuencas andaluzas, ya de por si deficitarias. Asimismo e incomprensiblemente, se crea unas multas coercitivas de aplicación exclusiva para las comunidades de regantes, a las que también se les resta participación en los órganos de gestión y decisión de la administración hidráulica. Por último, la regulación de los impuestos que pagan los regantes sigue bañada de ambigüedad, lo que también preocupa enormemente a los regantes, que temen quedar a merced de las necesidades recaudatorias de los distintos gobiernos.