La Confederación Hidrográfica del Júcar ha reconducido el proyecto de acondicionamiento del río entre Carcaixent y la autopista AP7, una actuación prevista en el plan global contra inundaciones de la Ribera, y ha reducido la propuesta inicial que planteaba la ampliación del cauce hasta 500 metros, de forma que en estos momentos se contempla como alternativa más viable una ampliación o recuperación del territorio fluvial de entre 140 y 160 metros de anchura, que se complementaría con la construcción de unas motas de protección alejadas del cauce para acotar la llanura de inundación. La propuesta que en la actualidad se somete al proceso de participación pública también incluye un proyecto de restauración de los ecosistemas de ribera.

Los técnicos mantienen que la opción inicial de ampliar el cauce hasta conseguir una anchura media de 400 metros sería la óptima al cumplir los objetivos máximos del plan de protección, tanto en el Xúquer como en los barrancos de su margen derecha, los más conflictivos a la altura de Alzira y Carcaixent, pero la desestiman por su elevado impacto territorial y el excedente de tierra que genera derivada de las excavaciones, más de 17 millones de metros cúbicos, y por su elevado coste, ya que el presupuesto de esta actuación se ha estimado en 3.400millones de euros.

Por contra, se inclinan por la alternativa que amplía la anchura del río a 150 metros tras constatar que permite alcanzar unos umbrales de protección de entre 100 y 250 años de período de retorno para zonas zonas urbanas y de entre 25 y 50 años para zonas agrícolas, tal como prevé el plan global contra inundaciones, y su impacto territorial y económico es mucho más reducido. En concreto, el coste estimado de esta actuación es de 865 millones de euros, mientras que el movimiento de tierras previsto es de 6,3 millones de metros cúbicos. Si bien el documento base contempla otras tres alternativas, se descartan al no alcanzar los niveles de protección que se buscan.

En el caso de la alternativa que ahora se baraja, la ampliación del cauce a 150 metros permite cubrir los objetivos mínimos del plan globlal de protección mientras que con la delimitación de la llanura de inundación con las motas de los metros de altura detallados para proteger zonas industriales y núcleos urbanos se podrían canalizar avenidas de un período de retorno de hasta 100 años. Cabe recordar que diferentes ayuntamientos, entre ellos el de Alzira, o la plataforma Xúquer Viu alegaron contra la propuesta inicial que la CHJ ha revisado alegando que ignoraba su expansión urbana y chocaba con obras ya ejecutadas como Tulell. La concejal de Medio Ambiente, Carolina Lillo, ha destacado la disposición de la CHJ para buscar la mejor solución. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, admitió el viernes, durante la inauguración de las obras del barranco de Benimodo, que la «asignatura pendiente» por su importancia territorial y por la inversión que requiere es «llevar a buen término» el plan de defensa contra inundaciones de la Ribera, que al margen del acondicionamiento del cauce del río entre Carcaixent y Albalat (AP-7) o la mejora del drenaje en el tramo final, también contempla la construcción de las presas de laminación de Estubeny, Montesa y el Marquesado. Moragues defendió que se plantean soluciones diferentes en cada punto, según las necesidades, y recordó que las propuestas de ampliación del cauce «no son actuaciones permanentes» sino que se tienen en cuenta los grados de inundabilidad. En este sentido, recordó que la modificación que se está realizando del Reglamento de Dominio Público Hidráulico señala zonas de inundación frencuente o semifrecuente «y permite unas actuaciones muy blandas en zonas que sabes que periódicamente se van a inundar y tienen limitado su uso, pero no se trata de una expropiación pura y dura», incidió. El Ministerio de Medio Ambiente presentó el plan global contra inundaciones, si bien hasta el momento el nivel de ejecución es muy reducido. Los proyectos de acondicionamiento del río y de mejora del drenaje del marjal sur se encuentran ahora en fase de participación pública. Ampliación del cauce que alcanza los 500 metros en algunos tramos La propuesta inicial de la CHJ plantea una ampliación del cauce del río hasta alcanzar una anchura media de casi 400 metros, lo que implica alcanzar en algunos tramos hasta 500. El mayor grado de protección Su mayor capacidad de desagüe permite alcanzar los objetivos máximos que fija el plan global contra avenidas, un nivel de protección de 250 años de período de retorno en las zonas urbanas y de 50 en las zonas agrícolas. Coste estimado en 3.400 millones Se trata de la actuación más cara con un coste estimado en 3.400 millones de euros y también la más cara de mantener en el futuro. Un gran movimiento de tierras Las excavaciones en los márgenes del río generarán un excedente de más de 17 millones de metros cúbicos de tierra y un gran impacto territorial y paisajístico.

Plantea una anchura del lecho fluvial de entre 140 y 160 metros La solución que ahora se considera más viable aboga por rescatar el lecho del río con una anchura media de 150 metros y también se recuperan los ecosistemas de ribera. Se reducen los costes y el impacto Se reduce el coste (865 millones); el de su mantenimiento al reducirse la superficie de territorio fluvial de propiedad o gestión pública y el de las expropiaciones de suelo, así como el movimiento de tierras, unos seis millones de metros cúbicos. El desagüe de los barrancos A diferencia de la Alternativa A, en ésta no se garantiza la máxima capacidad de desagüe de los barrancos de la Casella o Barxeta (250 años), sino para un período de retorno de algo menos de cien años. Restricciones al uso del suelo Los terrenos situados entre las motas de protección tendrán algunas restricciones de usos.