La mayor inversión en la cuenca del Segura, como es la construcción de 145 kilómetros de tuberías para canalizar el agua del Tajo destinada a los abastecimiento, está a un paso de ser suspendida, según ha podido saber este diario de diversas fuentes. El plan, valorado en 237 millones de euros, tuvo en febrero un impacto medioambiental favorable por parte del Ministerio y los proyectos de construcción -se dividió en 8 obras- se están redactando. Desde que se anunció, ha tenido enfrente a los municipios de la vega alta y de organizaciones de regantes, ecologistas y vecinales por entender que se causaba un daño ambiental al río, puesto que iba a desaparecer más de un tercio de su caudal actual al entubarse los caudales transferidos desde la cabecera del Tajo. La necesidad de este proyecto, que incluye un minitrasvase al Altiplano (Jumilla y Yecla), ya no se considera urgente. Por un lado, su elevado coste lo hace desaconsejable, toda vez que la mitad del dinero debe ponerlo la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que después lo repercutiría en el precio del agua que factura a los 81 municipios a los que abastece. El recibo doméstico podría subir hasta 15 céntimos por metro cúbico, pasando de 58 a 73 céntimos. Esta obra no la regalaba el Ministerio, sino que iba a escote. La otra mitad procedería de fondos europeos.

En segundo lugar, el objetivo de mejorar la calidad del agua que consume la población -que se carga de sales al pasar por un tramo a cielo abierto en el río Mundo- se puede alcanzar con otro sistema: optimizando los caudales en las plantas potabilizadoras de la Mancomunidad, cosa que ya se está haciendo.

La tercera razón, según han explicado a este diario, es que ahora se necesitan menos caudales del Tajo para la población, debido a la puesta en marcha de las desaladoras. Cuando se ponga en servicio la planta de Torrevieja, el Tajo pasará a ser la segunda fuente de suministro. Además, no está decidido si el ramal al Altiplano debe sufragarlo también la Mancomunidad. Sobre esta base, se duda de la rentabilidad de la obra, toda vez que al derivarse menos agua el coste final sería superior para los usuarios.

Estos argumentos han llevado a los promotores del proyecto -está en manos del organismo Aguas de la Cuenca del Segura- a cuestionar su urgencia y necesidad, aunque el factor que más pesa en estos momentos es el económico.