La CHC pide declarar no urbanizables las zonas con riesgo de inundación

Mar, 22/06/2010

El Comercio

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Jorge Marquínez, instó ayer a los ayuntamientos asturianos atravesados por ríos a recalificar urbanísticamente las zonas con mayor peligro de inundaciones, para que pasen a ser consideradas como suelo no edificable y así evitar problemas en futuras crecidas de agua.

La CHC viene trabajando en los últimos años en la elaboración de mapas que sirvan para identificar las zonas de riesgo. Lo señalado en algunos de esos mapas coincide con lo ocurrido en los últimos días en Asturias. «Los vecinos están viviendo un drama que es difícil de entender. Es un asunto que tiene prioridad y venimos vacunándonos para ello desde hace seis años, estudiando las situaciones conflictivas para aminorar los efectos. Lo ocurrido pone en evidencia la alta vulnerabilidad que tenemos. Un problema muy importante que no podemos olvidar», manifestó Marquínez.

Por eso la CHC está firmando convenios con los ayuntamientos, para que «las zonas inundables más peligrosas se recalifiquen como suelo no urbanizable de protección fluvial». Ya cuentan con ellos siete municipios -Sobrescobio, Ribadesella, Llanes, Bimenes, Laviana, Parres y Salas- y próximamente se sumarán Vegadeo, Corvera y Onís, entre otros concejos.

«Esta protección limitaría extraordinariamente los daños», justificó Marquínez antes de asumir que «tenemos que hacer un mayor esfuerzo en las zonas que aún no están desarrolladas desde el punto de vista urbanístico». ¿Qué suponen estos convenios? Por un lado, se demuelen presas obsoletas y se trata de dejar el mayor espacio libre para los ríos. Por otro lado, la CHC estudia la zona de riesgo, delimita el corredor fluvial de la zona inundable peligrosa y lleva a cabo una gestión conjunta con el Ayuntamiento para tomar medidas defensivas contra las avenidas, al tiempo que el municipio declara la zona como no urbanizable.

Pero es que muchos municipios criticaron actuaciones o situaciones concretas en los cauces de los ríos que contribuyeron a que las inundaciones fueran especialmente graves. Es el caso de Bueño, en Ribera de Arriba, donde una escollera construida para levantar un puente pudo haber servido como multiplicador de la riada. Jorge Marquínez indicó que «todas las demandas de los vecinos indicando posibles causas de la inundación se estudiarán. En Bueño los daños fueron importantes y es posible que la escollera tuviera algo que ver. Pero es que tenemos ya elaborados proyectos para acometer actuaciones de protección cuando antes». Se trata de las localidades de Arriondas, Bueño y Triongo (Cangas de Onís). Los municipios también tienen que aportar lo suyo para mitigar los efectos de las avenidas. En opinión del presidente de la CHC, «nos tenemos que preparar mejor, con protocolos de emergencia incluso a escala municipal para que se pueda responder con eficacia. Si lo hacemos así, estoy seguro de que los daños serán menores». La entidad que preside Jorge Marquínez está trabajando junto con la Delegación del Gobierno, el Principado y los ayuntamientos en la recuperación del dominio público mediante «una limpieza exhaustiva, la reparación de las infraestructuras dañadas y la protección de las zonas urbanas, aunque no sea nuestra competencia». Jorge Marquínez, ayer, en la sede de la Confederación Hidrográfica, da explicaciones de lo ocurrido valiéndose de un mapa. Las de estos días fueron crecidas de los cauces que no habían sido registradas históricamente hasta el momento. Se producen «crecidas ordinarias cada cuatro o cinco años, pero éstas han sido de las que llamamos centenarias». El problema es que sus efectos sobre la economía regional pueden ser muy graves, tanto desde el punto de vista de la agricultura como del turismo, las viviendas y el sector empresarial. Jorge Marquínez reconoció que «es un problema muy importante para la región, pero los efectos son inevitables».

Es por eso por lo que llama a la colaboración de todas las Administraciones públicas con el fin de conseguir mejoras en las protecciones de las zonas en riesgo ante posibles avenidas, aunque sean de las calificadas como de "una cada cien años".