Los tres grupos con representación en el Parlamento de Canarias, PSOE, CC y PP han votado a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Aguas presentada por nacionalistas y "populares" y que establece siete demarcaciones hidrográficas que comprenden la zona terrestre y marina de la correspondiente cuenca hidrográfica insular, así como las aguas subterráneas, de transición y costeras asociadas a las citadas cuencas.
El diputado del PSOE, Julio Cruz, justificó su voto positivo en que "no nos queda más remedio" ya que de no aprobarse esta modificación, que se impulsa para adaptarse a la normativa de la UE, España y por extensión Canarias podría ser sancionada con una multa de 77 millones de euros. "Vamos a intentar que no se sancione a Canarias", explicó para abogar por una tramitación rápida, pero que incluya el parecer del Consejo Consultivo y los cabildos insulares.
El portavoz de CC, José Miguel Barragán, explicó que la modificación va dirigida a que la coordinación recaiga en la Comunidad Autónoma "sin perjuicio de las competencias de los consejos insulares de aguas". Insistió en que se definen las siete demarcaciones o cuencas hidrográficas, "que corresponden a las que estaban hasta ahora --el territorio insular--, pero se añade la planta de agua de alrededor, las aguas de transición o costeras.
El nacionalista recordó que debe tramitarse "con premura" para evitar que se multe a España. Aquí y tras oír las críticas de Cruz acerca de la lentitud del Ejecutivo regional, asumió que "no aprende" y criticó que el retraso se debe al Gobierno central. Expuso que el decreto data de 2001, pero que no se hizo el desarrollo hasta 2007 y se dejó fuera a las cuencas intercomunitarias. Añadió que en febrero de 2008 se pidió a la comunidad que hiciera la ley.
La portavoz del PP, María Australia Navarro, se sumó a las palabras de Barragán y prefirió no pronunciarse para no repetir argumentos.
Ante las palabras de Barragán, Cruz expuso que la Directiva de la UE data de 2000 y que la acción del Gobierno de Canarias ante el retraso "hace aguas". Justificó así las prisas para que no caiga una sanción de 77 millones de euros. Añadió aquí que el archipiélago no está para multas después de pagos por "Tindaya, Tebeto o los recortes de Soria".
Además, el socialista dijo que el mecanismo debió ser un Proyecto de Ley del Gobierno y no una proposición de los grupos de CC y PP. Apuntó que esta vía "obvia" informes de servicios jurídicos, la visión de los cabildos, consejos insulares de aguas o el Consejo Económico y Social. "Nos preocupa esta forma de proceder", admitió.
El diputado del PSOE exigió que se convoque una comisión general de cabildos y criticó que de competencias al Gobierno de Canarias en materias donde concurren competencias del Estado y de los cabildos insulares. "No podemos obviar la Constitución ni el Estatuto", matizó.
Por último, el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, finalizó el debate de toma en consideración para afirmar que el archipiélago cuenta con una gran ley de Aguas y progresista. Justificó así que haya que hacer tan pocas modificaciones cuando data de principios de los 90.