El GOB advierte un error del 26% en los recursos hídricos de Menorca

Mar, 18/05/2010

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El GOB-Menorca ha detectado en la documentación oficial difundida por el Govern balear una desviación del 26 por ciento sobre el total de extracciones de agua en la Isla.

El Informe de Sostenibilitat regadío de Menorca 5,45 hectómetros cúbicos/año. Este dato, sumado a los 12,91 destinados a abastecimiento; 1,76 a doméstico, y 0,15 a ganadería e industria agropecuaria, arrojan 20,3 hectómetros/año en la Isla.

Esta cifra adquiere gran importancia, porque el informe otorga 10,3 hms/año utilizables en Menorca. Según el GOB, «esta cifra es un error, porque la cifra que se concede a Menorca en concepto de extracciones para regadíos es de 12,5 hms/año». Este dato queda corroborado al valorar los datos de los municipios con un mayor consumo de agua agrícola, donde Ciutadella aparece en tercer lugar de Balears, con 8,3 hms/año. La conclusión a la que llega el grupo ecologista es que el plan aplica un valor de 7,13 hms/año menos a la realidad de las extracciones por regadío en Menorca, lo que representa una desviación del 26 por ciento en el conjunto total de las extracciones de la Isla.

El GOB también destacó ayer que los regadíos de Ciutadella consumen el doble de agua que toda su zona urbana. Según la organización medioambiental, las cifras del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico «corroboran la sospecha de un abusivo uso del agua» en esta zona de Menorca.

Este estudio de sostenibilidad revela que Ciutadella consume 8,3 hectómetros cúbicos anuales en regadíos frente a los 4,3 hectómetros cúbicos de toda su zona urbana y las urbanizaciones.

El GOB advierte que «la falta de control en los regadíos de las fincas que practican la ganadería intensiva industrial, junto con la gratuidad total del agua, facilitan estas malas prácticas que se traducen en una agresión a un bien público como es el agua subterránea, escaso en la zona de poniente de Menorca».

El Plan Hidrológico de Balears es el instrumento de ordenación que fijará la política de agua durante los próximos diez años.