La Comisión lleva a Italia y España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por infringir la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas de 1991, en virtud de la cual ambos países tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2000 para implantar sistemas adecuados de recogida y depuración de aguas residuales en las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes.

En 2004 la Comisión Europea envió a los dos países una primera carta de apercibimiento al haber recibido información que demostraba que un considerable número de ciudades no cumplía las disposiciones de la Directiva. Posteriormente, envió una segunda y última carta de apercibimiento a España en diciembre de 2008 y a Italia, en febrero de 2009. Tras la consiguiente evaluación, el Ejecutivo comunitario estableció que unas 178 ciudades italianas y otras 38 españolas seguían infringiendo la normativa. Entre ellas figuran Regio de Calabria, Lamezia Terme, Caserta, Capri, Isquia, Mesina, Palermo, San Remo, Albenga y Vicenza en Italia y A Coruña (Galicia), Santiago (Galicia), Gijón (Asturias) y Benicarló (Valencia) en España.

Este incumplimiento grave y continuado de la normativa es motivo de gran preocupación para la Comisión, que ha decidido por tanto llevar a Italia y España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Las aguas residuales urbanas no depuradas constituyen un peligro para la salud pública y la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e interiores. Es inadmisible que hayan transcurrido más de ocho años desde el vencimiento del plazo y que Italia y España sigan sin dar cumplimiento a esta normativa tan importante”, declaró Janez Potocnik, Comisario de Medio Ambiente al respecto.