Los regantes urgen un pacto para que las competencias sobre aguas vuelvan al Estado
Lun, 17/05/2010
Las comunidades de regantes han solicitado que se apruebe «con urgencia» un pacto nacional que permita al Estado recuperar sus competencias constitucionales sobre las aguas que discurren por más de una comunidad, cuya titularidad se están atribuyendo las administraciones autonómicas en sus recientes reformas estatutarias.
Mediante un manifiesto aprobado por unanimidad en la XII edición del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes celebrado en Tarragona, los regantes mostraron su rechazo «firme» y «tajante» a lo que consideran una «invasión» de las competencias constitucionales, que actualmente abanderan las regiones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha.
En este sentido, recordaron que tal y como recoge la Constitución en los artículos 149 y 18, la gestión de cuencas supraterritoriales o intercomunitarias corresponde «única y exclusivamente» al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, y no a las comunidades.
Además, en el manifiesto califican de «inconcebible» que se «fracture» el principio de unidad de cuenca -«el agua es de todos»- que ha servido de inspiración a las normativas internacionales« para dar paso a un modelo insolidario donde los ríos estén divididos de forma artificial por tramos autonómicos» lo que consideran una «territorialización excesiva» que antepone los intereses locales a los generales.
Mediante un manifiesto aprobado por unanimidad en la XII edición del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes celebrado en Tarragona, los regantes mostraron su rechazo «firme» y «tajante» a lo que consideran una «invasión» de las competencias constitucionales, que actualmente abanderan las regiones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha.
En este sentido, recordaron que tal y como recoge la Constitución en los artículos 149 y 18, la gestión de cuencas supraterritoriales o intercomunitarias corresponde «única y exclusivamente» al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, y no a las comunidades.
Además, en el manifiesto califican de «inconcebible» que se «fracture» el principio de unidad de cuenca -«el agua es de todos»- que ha servido de inspiración a las normativas internacionales« para dar paso a un modelo insolidario donde los ríos estén divididos de forma artificial por tramos autonómicos» lo que consideran una «territorialización excesiva» que antepone los intereses locales a los generales.