El vaciado de la presa de Fervenza, que causó la muerte de al menos 15.000 peces en el 2007, ha abierto una veta judicial que acaba de comenzar a explorarse, pero que ya ha tenido una secuela: la denuncia de la Fiscalía contra Endesa por el tramo seco de tres kilómetros y medio en el río Eume. La construcción de estos dos casos tiene prácticamente los mismos cimientos jurídicos, que podrán utilizarse en otros supuestos donde haya indicios de lo que los ecologistas califican como «expolio» de los recursos fluviales gallegos. La Fiscalía de Medio Ambiente ya ha dado sufi cientes muestras de estar dispuesta a poner coto a una situación que se remonta a las concesiones hidráulicas del franquismo, pero que las Administraciones central y autonómica de la democracia no han sido capaces de controlar. Y según confi rman fuentes jurídicas, esta nueva ruta continuará con nuevas investigaciones. La principal innovación consiste en llevar estos casos por el itinerario penal e instruirlos bajo el paraguas del artículo 325 del Código Penal, dedicado a los delitos contra los recursos naturales, en el que se ha encontrado un resquicio legal para poder actuar contra empresas que incurran en lo que se denomina la captación abusiva de agua en concesiones públicas.

Pedro Brufao, presidente de AEMS-Ríos con Vida y catedrático de Derecho Administrativo, confía en que esta estrategia emprendida por el Ministerio Fiscal termine convirtiéndose en un precedente legal, aunque para ello precise de dos sentencias del Supremo. «El papel de la Fiscalía gallega está siendo pionero en toda España y creo que estos casos son un aviso a navegantes», constata. La otra vertiente de interés es la indemnizatoria. El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, ha encontrado una curiosa vía para que las compañías compensen al erario público por utilizar de forma irregular los recursos hídricos. Este sistema consiste en solicitar informes a la Comisión Nacional de la Energía para que se calcule el exceso de electricidad producido por las compañías gracias a la captación abusiva de agua. Esa ganancia eléctrica de más se convertiría en una cantidad monetaria que las empresas deberán devolver a las arcas públicas. Eso, si fi nalmente los jueces aceptan este modelo de indemnización inédito hasta ahora en España.

Este es el sistema que también se ha aplicado casi punto por punto en el tramo seco del río Eume que va desde la presa hasta la central hidroeléctrica y probablemente sea el que se utilice en otros casos que van llegando a los fi scales especializados en medio ambiente de las cuatro provincias gallegas. El próximo candidato a que se abran diligencias informativas sería el embalse de Belesar, gestionado por Gas Natural-Fenosa, aunque todavía no hay nada decidido. El colectivo AEMSRíos con Vida, que denunció el caso del Eume desencadenando la investigación de la Fiscalía, también ha presentado una denuncia contra la eléctrica que se benefi cia de la concesión de esta presa en el Miño. Como en el Eume, esta organización sostiene que Gas Natural-Fenosa «mantiene seco el río Miño en un tramo de 1,7 kilómetros comprendido entre el muro de esta presa y la salida de las turbinas». Argumentan, además, que como consecuencia de la desecación inducida «el hábitat de este río truchero y antaño salmonero se ve gravemente afectado».

Tanto la presa del Eume como la de Belesar fueron construidas por el ingeniero gallego Luciano Yordi de Carricarte y ambas tienen una tipología constructiva similar, conocida como bóveda de doble curvatura, que se adapta mejor a este tipo de valles. Una coalición no buscada entre la sociedad civil y la Fiscalía está reabriendo los casos de las concesiones hidráulicas del franquismo, de tal manera que la investigación de los fi scales suele ir precedida de una denuncia del colectivo AEMS-Ríos con Vida y otras organizaciones ecologistas. En el caso de Ríos con Vida, además, juristas consultados admiten que sus denuncias están muy bien fundamentadas y construidas.

Las empresas que disfrutan de estos permisos de explotación suelen recurrir a los documentos de la concesión para justificar situaciones que, en algunas ocasiones, se arrastran desde hace 50 años. Es el caso de Endesa en el Eume, que aducía que en las condiciones de explotación no fi guraba ninguna referencia al caudal ecológico que la Fiscalía cree que debe respetarse. Pedro Brufao, presidente de AEMSRíos con Vida y experto en derecho medioambiental, es muy claro al respecto. «En nuestro permiso para conducir no viene especifi cado que no podamos circular a más de 120 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos entonces? ¿No respetamos las normas de tráfi co?», ejemplifica.

Otras fuentes jurídicas coinciden en que la Directiva Marco del Agua de la UE o incluso leyes más locales como la pesca fluvial de Galicia estarían por encima de los documentos concesionales. «La concesión no puede estar por encima del derecho», concluye Brufao. Este catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura considera, además, que el recurso a la vía judicial surge de la inacción de la Administración, especialmente la autonómica. «La legislación administrativa es absolutamente inútil», concluye. Pedro Brufao, presidente de AEMS-Ríos con Vida, constata la existencia de más casos en los que el cauce del río ha sido «secuestrado» por la empresa eléctrica, además de los de las presas del Eume y la de Belesar. Brufao recuerda los problemas con la presa de Alvarellos, en la cuenca del Avia, y con la minicentral de Castro, en Cee. Y sobre todo incide en lo que sucede con la cascada de Ézaro, en el Xallas, única por estar cerca del mar, pero también por tener un horario para poder disfrutarla.