Sólo 11 presas y balsas de las 83 con las que cuenta la Comunitat tienen a día de hoy aprobado su obligatorio plan de emergencias, responsabilidad que compete al Ministerio del Interior. Se trata del procedimiento a seguir en caso de que se produzca un accidente o cualquier otro problema en la infraestructura hídrica.

Pese a las consecuencias que podría tener un desastre de estas características, la Comisión Nacional de Protección Civil no ofrece una solución rápida a estas cuestiones. No es la primera vez que, en una reunión del citado órgano, responsables de diferentes autonomías urgen al Gobierno a aprobar planes de este tipo.

Pero tampoco las quejas encuentran la respuesta buscada por parte del Ministerio. El orden del día del último encuentro constaba de 30 planes. Sólo dos correspondían a la Comunitat Valenciana. En concreto, la presa de Benagéber y la del Regajo, en Castellón.

La lista de las presas que no figuran es mucho más amplia. Y entre las ausencias destacan dos de los embalses más importantes de la Comunitat: Tous y Loriguilla. El precedente de la primera es dramático para la región. El año 1982 está marcado por la pantanada.

La misión de esta infraestructura es frenar avenidas, pero también regular el agua de riego de la Ribera, parte de l'Horta Sud y abastecer para el consumo de los residentes en la capital del Turia. "Plan de emergencias" Por el momento, nada. Idéntica situación para Loriguilla, otro de los puntos clave.

Amadorio, Azud de Terrateig, Blasa de San Diego, Beniarrés, Guadalest, La Pedrera, Acequia Real del Xúquer, Oliva, Benageber y el Regajo son las afortunadas a día de hoy. O mejor dicho, los vecinos más próximos a estos lugares.

Otras presas muy cercanas a los límites de la Comunitat e imporsas «cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales o producir daños materiales o medio ambientales muy importantes». tantes por sus dimensiones, como Contreras (provincia de Cuenca), también carecen del citado plan de emergencias, según consta en el propia página web del Ministerio del Interior.

El programa debe contener la organización de los recursos humanos y materiales «para el control de los factores de riesgo». Además, se deben incluir los sistemas de información y alerta y las medidas que se deben adoptar.

Existen tres tipologías de embalses diferentes A, B y C, según el riesgo potencial -de mayor a menor- que generaría un posible accidente en las instalaciones.

No obstante, sólo las dos primeras categorías requieren de un plan obligatorio de estas características. En el primer caso, se trata de preEn el segundo de los supuestos, el B, la descripción de las consecuencias es similar, pero en este caso los daños son «importantes» y además puede afectar a un reducido número de viviendas. Entre las 83 infraestructuras que se encuentran en territorio valenciano, aparecen también las balsas. Mientras las presas se construyen en el curso de los ríos, las balsas pueden ubicarse en otros lugares para, por ejemplo, abastecer a los regantes.

Estas infraestructuras pueden pertenecer al Estado, a una empresa privada o a una comunidad de agricultores. No obstante, según fuentes consultadas, la responsabilidad de la seguridad corresponde en exclusiva a las diferentes Confederaciones Hidrográficas, tanto la del Júcar como la del Segura. La carencia de estos programas coincide, además, con una situación boyante en los pantanos de la Comunitat lo que también los convierte en más peligrosos en caso de un accidente.

Los de la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentran «técnicamente llenos», tal y como reconocieron en su día fuentes oficiales.

Además, existen otros pantanos que presentan deficiencias preocupantes para la seguridad. Por ejemplo, el de Loriguilla. Estos problemas impiden que el pantano pueda almacenar la máxima cantidad de agua posible (73 hectómetros cúbicos).

El inconveniente eran las filtraciones que se producían en la margen derecha a medida que el pantano iba acumulando agua. Después de muchos años sin sobrepasar el límite de los 23 hectómetros, se llegó este año a los 30. El objetivo es comprobar que las obras que se hicieron en su día -llenar las grietas de cemento- habían resultado efectivas. Además, este mismo embalse acumula otro problema. El desagüe del fondo presenta varias deficiencias que se están subsanando.