La Plataforma en Defensa de los Cañones del río Eliche de Jaén anunció ayer que la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia que presentaron junto con Ecologistas en Acción en contra de la presa al entender que este proyecto vulnera la normativa comunitaria. En un comunicado, la plataforma explicó que el jefe de unidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea, Julio García Burgués, les ha remitido escrito acusando recibo de la denuncia presentada por «incumplimiento del derecho comunitario por el intento de la Administración española de proyectar la presa del río Eliche» sobre un paraje protegido y de interés comunitario.

La Comisión Europea ha procedido al registro de la denuncia que «será estudiada por los servicios de la Comisión a la luz del Derecho comunitario aplicable en la materia» y, a partir de este estudio, adoptará las medidas oportunas y «en su caso el procedimiento de infracción». La plataforma recordó que los motivos que llevaron a la presentación de esta denuncia fueron, entre otros, «el incumplimiento» por parte del Gobierno español de las directrices comunitarias de Aves -este espacio natural se incluye en la Área Importante para las Aves (IBA) 227 'Sierras al Sur de Jaén'-; de Hábitats -este espacio natural alberga hábitats y especies de interés conservacionista en el contexto de la Unión Europea-; del Marco del agua -uno de los objetivos de esta directiva marco es el de 'Prevenir y reducir la contaminación de las aguas'-; el Convenio Europeo de Protección del Patrimonio Arqueológico y el Convenio Europeo del Paisaje.

La Plataforma en defensa de los Cañones del río Eliche y Ecologistas en Acción de Jaén consideraron que la construcción de la presa, «además de vulnerar las leyes y acuerdos internaciones que en materia de medio ambiente y patrimonio cultural ha firmado el Estado español, es un atentado contra el propio ordenamiento jurídico, contra la razón pública y contra las políticas de sostenibilidad que parecían constituirse en uno de los pilares fundamentales de las leyes españolas y de las aspiraciones de los ciudadanos».

Por todo ello, los dos colectivos solicitaron a las instituciones europeas que insten al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Jaén a suspender la tramitación del proyecto y a que se lleven a cabo cuantas acciones estén entre sus facultades para impedir que se apliquen fondos europeos en actuaciones contrarias al Derecho.