La Confederación Hidrográfica del Júcar ha encargado el proyecto para la retirada de lodos tóxicos acumulados en el lecho del río Júcar en el tramo previo a la toma del trasvase que debe llevar el agua al Vinalopó.

Según fuentes de la CHJ, el estudio deberá dar respuesta, entre otras determinaciones, a la tipología de los residuos almacenados y a la gravedad que representaría una movilización accidental de los mismos. Se trataría de determinar si es necesaria una operación a gran escala para sanear el río en este tramo al igual que se ha hecho en Flix, en el Ebro, o, por el contrario, ni los cultivos ni los potenciales receptores del agua del Júcar se encuentran en situación de riesgo.

La CHJ ha sacado a concurso la redacción del proyecto de tratamiento integral de sedimentos en el bajo Júcar, desde «la rambla de la Casella» (Alzira) hasta el azud de la Marquesa (cerca de Cullera). El presupuesto de licitación es de 315.698. euros y el plazo de ejecución de un año. Según se contempla en el pliego, las mejoras introducidas en el saneamiento del tramo bajo del Júcar han logrado una mejora sustancial de la calidad del agua. Sin embargo, explica que durante años se han vertido libremente los efluentes de aguas urbanas, empresas conserveras, alimentarias, papeleras y de tintura que han ido «depositando en el lecho sustancias indeseables».

La CHJ estima que estas sustancias constituyen una amenaza para el buen estado ecológico del río ya que pueden «resuspenderse» (sic) en el agua provocando episodios de contaminación.

El proyecto afecta al tramo de río comprendido entre la rambla de Casella y La Marquesa, donde el Júcar describe varios meandros en los que el río circula con poca velocidad y coexiste con varios azudes de riego que impiden la renovación del lecho incluso en situaciones de riadas moderadas.

Existen trabajos previos realizados en este tramo de río aunque la Confederación pretende ahora realizar una búsqueda mucho más intensiva de algunos contaminantes bioacumulativos, orgánicos o cancerígenos. Según las fuentes, casi «más importante» que los resultados de las analíticas que se realicen será el examen de las alternativas de descontaminación.

El consultor deberá seleccionar las técnicas «idóneas» para el tratamiento de los diferentes tramos de rio e incluso plantear la «ventajas» de una intervención frente a la alternativa de una «no intervención». En este sentido se apunta que sea cual sea el método elegido no deberá generar nuevos contaminantes.

El vicepresidente tercero del Ejecutivo valenciano, Juan Cotino, manifestó ayer que cree que el Gobierno no adjudicará finalmente a la localidad de Zarra el almacén temporal de residuos nucleares (ATC). En declaraciones a Radio, Cotino se preguntó para qué tiene que gastar dinero el Ejecutivo valenciano en estudios sobre dicho almacén cuando «lo más seguro es que digan (desde el Gobierno central) que no» se adjudica a Zarra la citada instalación.

El conseller perdió la oportunidad de explicar la vinculación con el proyecto de la empresa Sedesa, propiedad de la familia Cotino, y que es coopropietaria de los terrenos que el ayuntamiento de Zarra ha ofertado al Ministerio de Industria para que construya el ATC.

El conseller volvió a ofrecer una imagen positiva del ATC en contraste con las críticas que ha suscitado en las agrupaciones locales del Partido Popular en el Valle de Ayora-Cofrentes y en el PP de Valencia.

«El Gobierno valenciano no ha tomado ninguna decisión sobre eso (precisó). Al que le corresponde tomar esa decisión es al Gobierno de España. El Ayuntamiento de Zarra lo pidió y nosotros, cuando el Gobierno de España diga lo que quiera decir, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, haremos los estudios que tengamos que hacer». «Pero, ¿para qué tenemos que gastar dinero todos los valencianos en una cosa que lo más seguro es que digan que no?», finalizó Cotino» La profundidad y el detalle de las analíticas que se exigirán al contratista, unido a la búsqueda específica de sustancias que pueden ser peligrosas para el consumo humano, parecen indicar que el trasvase JúcarVinalopó contemplará finalmente la posibilidad de que una parte de los caudales pueda destinarse al uso de boca. Diversas organizaciones agrícolas y ecologistas sostienen que las aguas del trasvase deben tener solo un uso agrícola y para la recuperación de acuífero el Vinalopó y así lo piensan denunciar en Europa. Quizá por ello el pliego es extremadamente cauto y se limita a decir que tanto en la búsqueda de contaminantes como en las soluciones que se adopte se tendrá en cuenta «la planificación» y los los posibles «usos posteriores del agua».