El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, defendió ayer en el Senado un informe sobre el agua y la ordenación del territorio en el que desaconseja "resueltamente", la práctica de construir "urbanizaciones, campos de golf, invernaderos y poner en marcha industrias sin que exista suficiente agua de antemano en la confianza de que después se obtendrá de alguna parte".

Las conclusiones de un extenso y fundamentado documento de 329 páginas son precisas a la hora de señalar que "no deben concederse nuevos derechos para los que no haya recursos hídricos suficientes", en una clara alusión a la sobreexplotación del arco levantino. También cuestiona la utilidad de los trasvases de urgencia, como el proyectado hace dos años para Barcelona o el que está actualmente a punto de autorizarse para abastecer a diversos municipios catalanes: "Para solucionar un problema coyuntural de sequía puede no ser útil un proyecto de infraestructura de transporte de agua, incluso tramitado por la vía de urgencia, pues pese a su tramitación excepcional la ejecución se demora y llega tarde", indica el defensor.

De hecho, apuesta por "los camiones cisterna" por ser medidas "más rápidas, baratas, con menos impacto, de aplicación casi inmediata y fácilmente reversibles". Aún así, Múgica afirma expresamente que no puede pronunciarse "a priori y concluyentemente" si es preferible un trasvase o la desalación.

TOLERA Y AMPARA

Donde es especialmente crítico el informe es en el apartado correspondiente a la actitud de la administración ante las actividades contaminantes y las infracciones urbanísticas. Según las conclusiones del informe, el defensor ha constatado que "con frecuencia" la administración "actúa de ente nodriza del agente contaminante y no --como debería-- de guardián de quienes padecen la contaminación. En este sentido, considera que pueden "contarse por docenas" los expedientes abiertos, que son a su juicio escritos "meramente retóricos, razonamientos anormalmente complejos y erróneos, justificaciones alejadas del asunto" en los que "no se está haciendo nada a favor del interés público y se hace todo, o más de lo debido, por proteger al infractor.

Pero Múgica aún va más allá, y además de denunciar "la falsa oposición" entre el desarrollo económico y la preservación ambiental, lamenta que la administración se dedique "en ocasiones a entorpecer innecesariamente el quehacer de los ciudadanos, a obstaculizar y perseguir a quienes --mejor o peor-- cumplimentan de grado sus obligaciones, tantas veces con mucho esfuerzo, y hacen lo imposible por no quedar fuera de una legalidad estricta y compleja". Mientras, afirma, "esa misma administración parece no ver ni oír ni sentir que los episodios que por la misma zona se producen con grave infracción de la ley del suelo o del agua, y hasta del gusto de la paz civil, resulta que se inician, prosiguen e incluso culminan a ojos vista. Es la discriminación archinegativa, o tratar peor al de mejor". Según Múgica, la administración confunde la economía productiva con la de los recursos naturales.