Europa reabre el caso de la depuración en Picos y pide conocer su «estado real» Los trece alcaldes se reúnen hoy con Gersul
Mar, 09/03/2010
La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea ha reabierto su investigación sobre la queja tramitada contra la red de depuración de trece municipios de la montaña oriental leonesa, pese a que en octubre del año daba por cerrado el proceso ante los informes que recibió de la Junta defendiendo la operatividad de estas instalaciones que llevan acabadas más de un decenio tras una inversión de casi seis millones de euros. Sin embargo, las denuncias de los alcaldes de la zona tras hacer pública este periódico la respuesta de la Administración autonómica ha llegado de nuevo a los despachos de Bruselas y el jefe de Unidad, Charlie Grant, ha requerido a las autoridades nacionales españolas nuevos datos «para conocer el estado real exacto de ejecución y de funcionamiento de las instalaciones en cuestión». Algunos regidores de la zona sostienen todavía hoy que parte de la red de depuración del Parque Regional de Picos de Europa y su área de influencia socioeconómica, en donde residen 7.337 habitantes repartidos en 82 núcleos de población, se encuentra inutilizada.
La carta remitida por la Comisión Europea hace escasos días a los titulares de la queja, ejercida por el colectivo Gedemol, subraya la imposibilidad de aportar pruebas fehacientes sobre la falta de operatividad de las 60 depuradoras, cofinanciadas en un 80% por el Fondo de Cohesión. Sin embargo, entiende que las dudas son suficientemente razonables para ampliar la información que maneja desde años.
Europa daba a finales del año pasado un plazo de cuatro semanas a los integrantes de Gedemol para recurrir el archivo de la queja. Sus abogados hicieron llegar a la Comisión un réplica cotundente, en la que exigían que la Junta detalle, uno a uno, el estado de cada depuradora. Asimismo, solicitaron a las autoridades europeas que tutelen, al menos durante el primer año, la entrada en funcionamiento de la red, además de haber exigido informes de la Junta sobre analíticas en los puntos de vertido que demuestren el cumplimiento del derecho europeo y que avalen el correcto funcionamiento de las instalaciones.
El último estudio realizado por el Instituto de Medio Ambiente de León, adscrito a la Universidad, reveló que, hace poco más de un año, el 59% de los pueblos de Picos de Europa tenían un «deficiente» servicio de saneamiento, en un 38% era «inadecuado» y sólo era positivo en el 3% de las poblaciones. Uno de los mayores problemas detectados en este estudio fue el impacto de la cabaña ganadera, que perjudica enormemente el funcionamiento de estas plantas.
No en vano, llevan más de doce años en punto muerto, tantos como han pasado desde que la Junta dejara en manos de los ayuntamientos y las juntas vecinales una faraónica red de depuración que muy pocos políticos locales apoyaron por el elevado coste que supone su mantenimiento. La Junta de Castilla y León lleva meses sosteniendo que absolutamente todas las depuradoras de Picos ya funcionan, pese a la evidencia. La Dirección General de Infraestructuras Ambientales de Castilla y León prometió 400.000 euros para obras de reforma y mantenimiento, que no han sido presupuestados íntegramente.
Alcaldes, vecinos y grupos ecologistas no han cesado de pasear por el entorno de las depuradoras de Picos para garantizar que están funcionando. Y aunque las pruebas determinantes tan sólo son posibles con un trabajo de campo, es más que evidente que varias de estas instalaciones no funcionan o funcionan mal. Uno de los casos más llamativos denunciado por el colectivo Gedemol, promotor de la queja ante la Comisión Europea, es el de Puebla de Lillo, el municipio con mayor cantidad de población flotante en invierno. Tal y como muestran las imágenes que aparecen junto a estas líneas, el vaso de recepción está seco, al igual que el canal. En la primera fotografía puede verse, además, el vertido de agua sin ser tratada al río Porma. Es una situación que se repite en varias partes de la montaña. El alcalde de Posada de Valdeón denunciaba que ayer mismo había sido informado de los desperfectos en la depuradora de Soto de Valdeón, que está vertiendo las aguas residuales fuera de la red. Situaciones como ésta son las que han convencido a Mariano Rojo para tomar la determinación de no asumir el coste del mantenimiento de las depuradoras de su municipio hasta que estén en perfecto estado. Tampoco asumirá la gestión hasta que se construya la depuradora de Caín, de la que, según dice, Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) no tiene noticia alguna por parte de la Junta de Castilla y León, que sí ha realizado, por otro lado, obras de reforma en varias instalaciones.
Gersul, el consorcio que gestiona los residuos en León, ha convocado hoy a los trece alcaldes de la montaña oriental leonesa para favorecer el primer contacto con los responsables de la empresa a la que adjudicó el mantenimiento de las 60 depuradoras de la zona, la sociedad Socamex, que cobrará casi 1,6 millones de euros durante los próximos cuatro años, que serán pagados en un 50% por la totalidad de los municipios y la otra mitad por la Junta de Castilla y León. El encuentro no tiene guión, por lo que los regidores aprovecharán para poner encima de la mesa todas las dudas y conflictos que mantienen con este servicio desde hace más de diez años. No obstante, uno de los flecos que aún quedan por debatir con los responsables locales es la forma que utilizarán para recaudar el elevado coste de la depuración de sus aguas. Una tasa a los vecinos en función del consumo de agua potable podría ser un método viable. De esta manera se resolvería la polémica suscitada por la estación de esquí de San Isidro, cuya depuración debería ser sufragada por la Diputación Provincial de León, según los alcaldes. Hace tres años, proponían pagar en función de la población.
El delegado de la Junta sostenía hace cinco meses que la obra ya ha sido recibida, cosa que los pueblos dudan. De hecho, hay regidores que consultados ayer por este periódico anunciaron que se negarán a recibir cualquier depuradora hasta que todas las instalaciones hayan sido revisadas y se hayan construido todos los puntos de depuración comprometidos en la zona, incluido el de la remota localidad valdeonesa de Caín.
La carta remitida por la Comisión Europea hace escasos días a los titulares de la queja, ejercida por el colectivo Gedemol, subraya la imposibilidad de aportar pruebas fehacientes sobre la falta de operatividad de las 60 depuradoras, cofinanciadas en un 80% por el Fondo de Cohesión. Sin embargo, entiende que las dudas son suficientemente razonables para ampliar la información que maneja desde años.
Europa daba a finales del año pasado un plazo de cuatro semanas a los integrantes de Gedemol para recurrir el archivo de la queja. Sus abogados hicieron llegar a la Comisión un réplica cotundente, en la que exigían que la Junta detalle, uno a uno, el estado de cada depuradora. Asimismo, solicitaron a las autoridades europeas que tutelen, al menos durante el primer año, la entrada en funcionamiento de la red, además de haber exigido informes de la Junta sobre analíticas en los puntos de vertido que demuestren el cumplimiento del derecho europeo y que avalen el correcto funcionamiento de las instalaciones.
El último estudio realizado por el Instituto de Medio Ambiente de León, adscrito a la Universidad, reveló que, hace poco más de un año, el 59% de los pueblos de Picos de Europa tenían un «deficiente» servicio de saneamiento, en un 38% era «inadecuado» y sólo era positivo en el 3% de las poblaciones. Uno de los mayores problemas detectados en este estudio fue el impacto de la cabaña ganadera, que perjudica enormemente el funcionamiento de estas plantas.
No en vano, llevan más de doce años en punto muerto, tantos como han pasado desde que la Junta dejara en manos de los ayuntamientos y las juntas vecinales una faraónica red de depuración que muy pocos políticos locales apoyaron por el elevado coste que supone su mantenimiento. La Junta de Castilla y León lleva meses sosteniendo que absolutamente todas las depuradoras de Picos ya funcionan, pese a la evidencia. La Dirección General de Infraestructuras Ambientales de Castilla y León prometió 400.000 euros para obras de reforma y mantenimiento, que no han sido presupuestados íntegramente.
Alcaldes, vecinos y grupos ecologistas no han cesado de pasear por el entorno de las depuradoras de Picos para garantizar que están funcionando. Y aunque las pruebas determinantes tan sólo son posibles con un trabajo de campo, es más que evidente que varias de estas instalaciones no funcionan o funcionan mal. Uno de los casos más llamativos denunciado por el colectivo Gedemol, promotor de la queja ante la Comisión Europea, es el de Puebla de Lillo, el municipio con mayor cantidad de población flotante en invierno. Tal y como muestran las imágenes que aparecen junto a estas líneas, el vaso de recepción está seco, al igual que el canal. En la primera fotografía puede verse, además, el vertido de agua sin ser tratada al río Porma. Es una situación que se repite en varias partes de la montaña. El alcalde de Posada de Valdeón denunciaba que ayer mismo había sido informado de los desperfectos en la depuradora de Soto de Valdeón, que está vertiendo las aguas residuales fuera de la red. Situaciones como ésta son las que han convencido a Mariano Rojo para tomar la determinación de no asumir el coste del mantenimiento de las depuradoras de su municipio hasta que estén en perfecto estado. Tampoco asumirá la gestión hasta que se construya la depuradora de Caín, de la que, según dice, Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) no tiene noticia alguna por parte de la Junta de Castilla y León, que sí ha realizado, por otro lado, obras de reforma en varias instalaciones.
Gersul, el consorcio que gestiona los residuos en León, ha convocado hoy a los trece alcaldes de la montaña oriental leonesa para favorecer el primer contacto con los responsables de la empresa a la que adjudicó el mantenimiento de las 60 depuradoras de la zona, la sociedad Socamex, que cobrará casi 1,6 millones de euros durante los próximos cuatro años, que serán pagados en un 50% por la totalidad de los municipios y la otra mitad por la Junta de Castilla y León. El encuentro no tiene guión, por lo que los regidores aprovecharán para poner encima de la mesa todas las dudas y conflictos que mantienen con este servicio desde hace más de diez años. No obstante, uno de los flecos que aún quedan por debatir con los responsables locales es la forma que utilizarán para recaudar el elevado coste de la depuración de sus aguas. Una tasa a los vecinos en función del consumo de agua potable podría ser un método viable. De esta manera se resolvería la polémica suscitada por la estación de esquí de San Isidro, cuya depuración debería ser sufragada por la Diputación Provincial de León, según los alcaldes. Hace tres años, proponían pagar en función de la población.
El delegado de la Junta sostenía hace cinco meses que la obra ya ha sido recibida, cosa que los pueblos dudan. De hecho, hay regidores que consultados ayer por este periódico anunciaron que se negarán a recibir cualquier depuradora hasta que todas las instalaciones hayan sido revisadas y se hayan construido todos los puntos de depuración comprometidos en la zona, incluido el de la remota localidad valdeonesa de Caín.