Poner orden en el Júcar con criterios medioambientales costará 4.500 millones
Mar, 09/02/2010
Declaración en millones de euros.
- Actuaciones medioambientales de restauración y mejora de la calidad 375.
- Actuaciones para satisfacción de demandas 2.457.
- Reutilización 270. Desalinización 349.
- Modernización 864. Recursos convencionales 974.
- Actuaciones para paliar los daños producidos por fenómenos meteorológicos extremos 1.711
- Total inversión 4.543 millones de €
La ejecución de un nuevo Plan Hidrológico del Júcar adaptado a los objetivos medioambientales marcados por la Directiva Marco del Agua y que garantice al mismo tiempo las demandas existentes sin más trasvase que el del Júcar-Vinalopó y ofrezca una cierta seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones tendrá un coste aproximado de 4.500 millones de euros, según se dijo ayer durante la presentación en Valencia del «Esquema provisional de Temas Importantes» (EpTI) en el que se basará la nueva planificación hidrológica. La jornada contó con representación de decenas de instituciones y de los cuatro gobiernos autonómicos afectados: Generalitat Valenciana, Generalitat de Cataluña, Gobierno de Aragón y Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. El director general de Agua, José María Benlliure, pidió que el nuevo Plan de cuenca sea « capaz de definir cómo va a satisfacer las necesidades de los usuarios y de los diferentes sectores económicos sin que tengan que asumir costes adicionales que conviertan sus actividades en insostenibles». Mientras, el representante de Aragón, Rafael Izquierdo lanzó un discurso reivindicativo sobre la «importante» contribución del territorio aragonés a los recursos de la demarcación Júcar, donde Teruel es cabecera de los rios Júcar y Mijares. Según Izquierdo, que se limitó a dejar constancia de este hecho, sin reclamar más caudales para su región. El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, aseguró que el Esquema de Temas Importantes «sintetiza» el conocimiento existente sobre la cuenca del Júcar y realiza algunas propuestas que se complementarán en el proceso de participación pública. Mientras tanto, el director de la oficina de Planificación Hidrológica, Javier Ferrer, subrayó las cuatro lineas maestras del plan que tiene en las satisfacción sostenible de las demandas y la recuperación objetiva del «buen estado» de las masas de agua sus principales objetivos. Moragues dijo que el proceso de participación pública era una oportunidad para que el documento final no sea «ni un plan de laboratorio ni de despacho» y añadió que las posibilidades de que las sugerencias de ciudadanos e instituciones sean incorporadas al plan «no dependen de que vengan de una asociación u otra, sino de que lo que se proponga tenga sensatez». La Confederación Hidrográfica del Júcar ha iniciado el proceso de participación pública del nuevo Plan Hidrológico pese a que no existe acuerdo sobre la configuración territorial de la futura demarcación hidrográfica. Sin embargo, los plazos apremian y la CHJ quiere acelerar el debate y la participación pública antes de cerrar el EpTI con las sugerencias y alegaciones de los interesados. Moragues justificó el retraso que arrastra el plan recordando que tuvieron que esperar «hasta que se concretaran los Reales Decretos sobre la delimitación de la cuenca y sobre la constitución del Consejo del Agua, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo». Según dijo, no hay un retraso «significativo» en el plan. Ante la pregunta sobre cómo afectaría al PHJ la reserva estratégica que demanda Castilla-La Mancha, Moragues dijo que la Confederación trabaja «solo sobre realidades» y no con «posibilidades». Para Moragues, la «única realidad cuando se habla de estatutos es que la Comunitat tiene competencias en sus cuencas y no las quiere tener. Si los que existen no se cumplen, no tiene sentido hablar de lo que va a ocurrir con otros que todavía no existen», apuntó.
«La única realidad de los estatutos es que Valencia tiene competencias en sus cuencas y no las quiere ejercer»
La Generalitat exige que se satisfagan las demandas de los usuarios sin «costes adicionales» que hagan «insostenible» su actividad
- Actuaciones medioambientales de restauración y mejora de la calidad 375.
- Actuaciones para satisfacción de demandas 2.457.
- Reutilización 270. Desalinización 349.
- Modernización 864. Recursos convencionales 974.
- Actuaciones para paliar los daños producidos por fenómenos meteorológicos extremos 1.711
- Total inversión 4.543 millones de €
La ejecución de un nuevo Plan Hidrológico del Júcar adaptado a los objetivos medioambientales marcados por la Directiva Marco del Agua y que garantice al mismo tiempo las demandas existentes sin más trasvase que el del Júcar-Vinalopó y ofrezca una cierta seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones tendrá un coste aproximado de 4.500 millones de euros, según se dijo ayer durante la presentación en Valencia del «Esquema provisional de Temas Importantes» (EpTI) en el que se basará la nueva planificación hidrológica. La jornada contó con representación de decenas de instituciones y de los cuatro gobiernos autonómicos afectados: Generalitat Valenciana, Generalitat de Cataluña, Gobierno de Aragón y Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. El director general de Agua, José María Benlliure, pidió que el nuevo Plan de cuenca sea « capaz de definir cómo va a satisfacer las necesidades de los usuarios y de los diferentes sectores económicos sin que tengan que asumir costes adicionales que conviertan sus actividades en insostenibles». Mientras, el representante de Aragón, Rafael Izquierdo lanzó un discurso reivindicativo sobre la «importante» contribución del territorio aragonés a los recursos de la demarcación Júcar, donde Teruel es cabecera de los rios Júcar y Mijares. Según Izquierdo, que se limitó a dejar constancia de este hecho, sin reclamar más caudales para su región. El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, aseguró que el Esquema de Temas Importantes «sintetiza» el conocimiento existente sobre la cuenca del Júcar y realiza algunas propuestas que se complementarán en el proceso de participación pública. Mientras tanto, el director de la oficina de Planificación Hidrológica, Javier Ferrer, subrayó las cuatro lineas maestras del plan que tiene en las satisfacción sostenible de las demandas y la recuperación objetiva del «buen estado» de las masas de agua sus principales objetivos. Moragues dijo que el proceso de participación pública era una oportunidad para que el documento final no sea «ni un plan de laboratorio ni de despacho» y añadió que las posibilidades de que las sugerencias de ciudadanos e instituciones sean incorporadas al plan «no dependen de que vengan de una asociación u otra, sino de que lo que se proponga tenga sensatez». La Confederación Hidrográfica del Júcar ha iniciado el proceso de participación pública del nuevo Plan Hidrológico pese a que no existe acuerdo sobre la configuración territorial de la futura demarcación hidrográfica. Sin embargo, los plazos apremian y la CHJ quiere acelerar el debate y la participación pública antes de cerrar el EpTI con las sugerencias y alegaciones de los interesados. Moragues justificó el retraso que arrastra el plan recordando que tuvieron que esperar «hasta que se concretaran los Reales Decretos sobre la delimitación de la cuenca y sobre la constitución del Consejo del Agua, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo». Según dijo, no hay un retraso «significativo» en el plan. Ante la pregunta sobre cómo afectaría al PHJ la reserva estratégica que demanda Castilla-La Mancha, Moragues dijo que la Confederación trabaja «solo sobre realidades» y no con «posibilidades». Para Moragues, la «única realidad cuando se habla de estatutos es que la Comunitat tiene competencias en sus cuencas y no las quiere tener. Si los que existen no se cumplen, no tiene sentido hablar de lo que va a ocurrir con otros que todavía no existen», apuntó.
«La única realidad de los estatutos es que Valencia tiene competencias en sus cuencas y no las quiere ejercer»
La Generalitat exige que se satisfagan las demandas de los usuarios sin «costes adicionales» que hagan «insostenible» su actividad