De 6.000 a 4.000 hectómetros cúbicos de reserva para Castilla-La Mancha. Es la última propuesta que hay sobre la mesa de negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha. Este nuevo volumen ha sido planteado por los populares, indicaron ayer diversas fuentes. La recta final de las conversaciones para desbloquear la ley castellano-manchega está centrada en rebajar el volumen de 6.000 millones de metros cúbicos propuesto el año pasado por socialistas y populares, aunque en el Sureste y el Levante no aceptan ninguna reserva. El secretario general del PSOE de la Comunidad Valenciana, Jorge Alarte, se reunió el pasado miércoles en Madrid con el responsable de Agua del Ministerio, Josep Puxeu, a quien comunicó su negativa a respaldar el Estatuto a la vista de la redacción actual.
El Gobierno central quiere dejar «limpio» el texto de Castilla-La Mancha para que no invada competencias estatales y pueda ser aceptado por todas las comunidades autónomas. El ámbito de la negociación no se limita al Congreso de los Diputados, sino que se desarrolla a varios niveles: el Ministerio de Medio Ambiente, la Vicepresidencia Primera del Gobierno, las direcciones nacionales del PSOE y PP y los territorios de Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.
El texto de partida que manejan PSOE y PP en el Congreso indica en el Preámbulo que todos los nuevos recursos que se generen en la cuenca del Segura, como la desalinización, deben dirigirse prioritariamente «a la revisión» del Trasvase Tajo-Segura en los términos fijados por la Directiva Europea «cuya plena eficacia se alcanzará en el año 2015». En este sentido, la fecha sigue dentro del Estatuto, al menos hasta el pasado diciembre, aunque se haya eliminado la coletilla de que en el 2015 debe extinguirse el Trasvase, según las Cortes de Castilla-La Mancha. En el texto figura igualmente una reserva estimada en 6.000 hectómetros cúbicos para cubrir los objetivos ambientales y atender las necesidades de Castilla-La Mancha.
En las disposiciones finales se insiste en dicha reserva, con la particularidad de que los 6.000 hectómetros deben atender las necesidades de «las cuencas hidrográficas que afecten a Castilla-La Mancha», con lo cual, junto al Tajo, entran en juego el Segura, Guadiana y Júcar. Esto ha motivado la crecientes protestas de los usuarios del Júcar.

A punto del acuerdo

Al menos hasta diciembre, la fecha del 2015 seguía dentro del texto, aunque con el párrafo modificado, manteniendo los temores de Murcia y la Comunidad Valenciana de que la renuncia oficial de José María Barreda a esta exigencia era relativa. Asimismo, el cambio de la fecha de caducidad por la reserva estratégica no era una novedad a finales del año pasado, puesto que ya estaba reflejado en el texto que manejaban PSOE y PP antes del verano pasado. El documento al que ha tenido acceso este diario va encabezada con un epígrafe que señala «Posible acuerdo» entre los dos partidos mayoritarios, que fue impedido por la presión ejercida por Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps.
Esto indica que los principales negociadores, que son diputados de Castilla-La Mancha, estaban dispuestos el año pasado a cerrar un acuerdo con una alusión a la caducidad en el 2015 y a la reserva de 6.000 hectómetros.
Se da la circunstancia de que PP y PSOE habían propuesto antes en el Preámbulo que se estableciera «una reserva de agua no trasvasable estimada en 600 hectómetros», que se cambió por los 6.000 omitiendo el término «no trasvasable». El Partido Popular propuso introducir en el texto una referencia a la interconexión de cuencas para tratar de tranquilizar a la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, algo que hasta ahora no ha conseguido.
El líder del PSOE de la Comunidad Valenciana, Jorge Alarte, se reunió el miércoles pasado con el secretario de Estado de Agua y Medio Rural, Josep Puxeu, a quien transmitió su postura de no apoyar en el Congreso el Estatuto de Castilla-La Mancha con los votos de los parlamentarios de su comunidad, según ha podido saber este diario.