La Xunta ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que ponga el marcha el proceso que permita la construcción de la nueva depuradora del Lagares, un proyecto que alcanzará los 230 millones de euros y que supuestamente resolverá las carencias de la actual y permitirá depurar todas las aguas residuales de la ciudad antes de su vertido al mar. Aunque existía un acuerdo de las tres administraciones (Xunta, Concello y Ministerio), la llegada del PP al gobierno autonómico ha afectado al pacto inicial. En concreto, la demanda de Santiago de que el Concello se haga cargo de la acometida eléctrica, lo que elevaría su aportación de 8 a 18 millones de euros, ha llevado el proceso a un callejón sin salida. Así, mientras el alcalde cree que se ha modificacido el acuerdo, desde la Xunta se insiste en que todo sigue como estaba. A fin de desbloquear la situación, la presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez, consideró ayer en Madrid «prioritario» que «o Goberno central concreta unha data para convocar a sinatura do convenio que permita executar de inmediato a depuradora para a cidade de Vigo toda vez que a Xunta xa ten aprobado dende o mes de novembro o gasto de 126 millóns de euros correspondente a súa participación no financiamento». Vázquez participaba en Madrid en la primera reunión de la comisión de seguimiento del protocolo Xunta-Ministerio de Medio Ambiente para saneamiento y depuración. En dicha reunión se abordaron también otros proyectos de ciudades como Lugo y Ferrol. En el caso de Vigo, la construcción de la depuradora camina con notable retraso ya que a estas alturas las obras deberían estar en marcha e incluso avanzadas, conforme a los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Ello se debe a que desde la UE se amenazó a la Xunta con una multa cuantiosa si en un plazo que acabaría el año próximo las aguas de la ría no estaban correctamente depuradas. Pese a esta presión los atrancos han sido constantes. El primero de todos fue la discrepancia entre el gobierno municipal de Corina Porro con la construcción de la macrodepuradora en Coruxo. Finalmente el Concello cedió y los trabajos siguieron avanzando. Hace año y medio las tres administraciones (todas entonces gobernadas por el PSOE) anunciaron un acuerdo y dieron a conocer un anteproyecto de la instalación. Las cosas cambiaron a lo largo de 2010 pese a que el obstáculo son escasamente ocho millones de euros en más de 200. Sin embargo, Xunta y Concello mantienen sus posiciones y no se tiene noticia de negociaciones. Quizás por ello Augas de Galicia ha decidido pedir a Elena Espinosa que mueva ficha sin excesiva tardanza.