El agua (junto con la financiación y los temas de identidad) ha sido uno de los asuntos centrales de la última oleada de reformas de Estatutos de Autonomía y, sin duda, a juzgar por el número de casos planteados antes el Tribunal Constitucional, el más conflictivo. Como PP y PSOE no pudieron alcanzar una reforma global del problema del agua en España, las modificaciones vinieron finalmente por la puerta falsa y equivocada de los Estatutos. En este contexto (la necesidad perentoria de hacer frente al problema del agua (el actual modelo de organismos estatales de cuenca se halla en crisis y necesita una revisión en profundidad) y la errónea vía de abordarlo unilateralmente en cada Estatuto y no en una ley estatal básica), Castilla y León también vindicó en su última reforma estatutaria la gestión de las aguas del Duero. Se trata de una vieja aspiración. Ya en la anterior reforma del Estatuto, la de 1.999, se añadió una disposición adicional, la tercera, que reconocía a la cuenca del Duero como «elemento configurador del territorio de Castilla y León» y abría la puerta a la posibilidad de cooperación del Gobierno de la comunidad con el Gobierno central. Pero esta sugerente invitación fue completamente ignorada por los sucesivos gobiernos del Estado. Había que ir algo más lejos esta vez. Ahora bien, Castilla y León reivindica la gestión de las aguas del Duero cargada de algunas razones específicas de cierto peso. El Duero es el único de los grandes ríos españoles que conforma el territorio de una comunidad autónoma: Castilla y León representa el 98,31% del territorio de la cuenca, cifra que se eleva al 99,74% si dejamos a un lado las aguas que discurren íntegramente por Galicia (el Támega pasa a Portugal tras recorrer la comarca de Verín). Basta ver un mapa para darse cuenta de que el dibujo territorial de nuestra comunidad coincide perfectamente con el troquel de la cuenca del Duero. Esto es un hecho diferencial altamente significativo. No se entendería una reforma del Estatuto en clave de profundización del autogobierno que siguiera, sin embargo, rindiendo tributo a un modelo excesivamente dependiente del gobierno central. Pero Castilla y León, a diferencia quizá de algunas otras comunidades, no quiere asumir la gestión de las aguas del Duero por un prurito de soberanismo hídrico. Se reclama esta competencia para intentar mejorar su gestión, para ser más eficaces, para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Nuestra comunidad tiene ya competencias sobre agricultura y ganadería, sobre medio ambiente, sobre energía, sobre ordenación del territorio, VALLADOLID.

La Junta de Castilla y León tiene muy claras las competencias que quiere gestionar en materia de agua y por eso ya tiene redactada la propuesta que enviará la próxima semana al Gobierno de la nación. El documento, de en torno a una treintena de folios (en el que destaca sobre todo la parte introductoria donde se explican los motivos por los que se demanda esta gestión), se tiene que negociar y firmar «antes del mes de julio», según adelantó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez en el programa "Queremos Hablar del Campo", de Punto Radio. Según De Santiago, la estrategia gira en torno a la idea de ligar el desarrollo y la ordenación del territorio con la política de gestión del agua, teniendo en cuenta que el 98% del río Duero atraviesa el territorio de Castilla y León y que baña una superficie de 75.000 kilómetros cuadrados. Con esta premisa es fácil imaginar la importancia que el río tiene para la comunidad y por eso, insistía el consejero, «la ordenación del territorio queda coja si no se tiene la gestión del Duero». Recordó además que es un mandato estatutario pero explicó que no tiene nada que ver con «la voracidad competencial», entre otras cosas porque «los gobiernos de Herrera nunca la han tenido». Desde la Junta se entiende que con la gestión del Duero se cierra un bloque de competencias «que tenemos actualmente» como son la agricultura, la ganadería, el medio ambiente, parte de materia relacionada con la energía y la ordenación del territorio. «La gestión del agua cierra ese marco competencial», por esto están convencidos de que «condiciona los usos del territorio». Con esta filosofía, la Administración regional ya ha redactado ese protocolo con la intención de que «todo el mundo lo entienda», se enmarquen las competencias y se empiece a negociar. Este es un trámite administrativo que no se ha hecho, por ejemplo, en los casos de la Sanidad o la Educación porque «todo el mundo sabe lo que es». En el caso del Duero y de la trasferencia de su gestión, se está hablando de algo de lo que «no hay tradición». De hecho, Castilla y León es la segunda comunidad, por detrás de Andalucía, que ha iniciado este tipo de trámites. El Ejecutivo de Herrera ha determinado en ese documento que enviará al Ejecutivo central, cuatro competencias muy concretas. En primer lugar, los usos y aprovechamientos del agua (regadíos y abastecimiento); en segundo lugar, la protección y tutela del agua (los vertidos, la depuración, el régimen sancionador, etc); en tercer lugar, obras hidráulicas (la gestión de las realizadas y la ejecución de nuevas, depuradoras, presas o embalses que se tengan que construir; obras para prevenir inundaciones), y finalmente, la cooperación y tutela con las comunidades de regantes. El consejero reconoció que en determinados aspectos la Administración regional ya tiene alguna competencia pero «son muy residuales». Por ejemplo, en la consEl consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ayer en Jueves