La intención de Castilla-La Mancha de reservarse 6.000 hectómetros cúbicos de agua de cara a satisfacer necesidades futuras en su territorio no sólo chocaría con la Ley de Aguas, sino que contravendría directamente la Constitución, donde se establece que el agua es un bien de domino público estatal. Así lo ven las asociaciones de regantes y los expertos en la materia, que consideran que el Gobierno debe frenar la intención del Ejecutivo manchego, pues invade competencias que son exclusivas del Estado.
«La propuesta es aberrante desde el punto de vista técnico y jurídico, porque ni existen esos 6.000 hectómetros ni se ha concretado la cuenca de donde se extraerían, además de que no se conoce cuál es la demanda a cubrir», explicaba ayer el presidente de los regantes del Tajo-Segura, José Manuel Claver.
Una de las principales críticas al planteamiento castellano-manchego es que contraviene la Ley de Aguas, el reglamento jurídico encargado de la gestión hídrica del país, que en su artículo 4 establece que «corresponde al Estado la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico». En cambio, la propuesta que se quiere incluir en el estatuto castellano-manchego «supondría una apropiación del agua, afectando al propio concepto de bien de dominio público, por lo que es un sinsentido», dijo Claver.
Además, en la ley de Aguas se establece la posibilidad de que se realicen reservas, aunque estas deben realizarse en una cuenca específica a través de las entidades encargadas de la gestión de sus recursos, es decir, las confederaciones hidrográficas, que dependen del ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, la Conferencia Hidrográfica del Tajo puede hacer una reserva de su caudal a través de su plan hidrológico de cuenca, que es la herramienta jurídica adecuada. En cambio, una comunidad autónoma no puede prever la existencia de un depósito de agua partiendo de los recursos de sus diferentes sistemas hídricos, como pretende Castilla-La Mancha.
De hecho, para llegar al volumen previsto debería coger caudales de todas las cuencas hidrográficas de su ámbito territorial: Duero, Tajo, Guadiana, Segura, Júcar y Ebro. Y ni aún así, teniendo en cuenta que «no hay 6.000 hectómetros cúbicos susceptibles de ser reservados en Castilla-La Mancha», como explicaba el director del Instituto Euromediterráneo del Agua y creador del Plan Hidrológico Nacional, Francisco Cabezas.
El experto introducía un matiz, ya que la ley de aguas permite reservas en los ríos siempre y cuando «corresponda a una actuación futura prevista e identificada». Sin embargo, la justificación manchega es genérica, y hace referencia a demandas futuras sin especificar.
Cabezas explicaba ayer que en la actualidad, los recursos hídricos de Castilla-La Mancha alcanzan alrededor de 7.000 hectómetros cúbicos de agua, de los que 2.000 se dedican a abastecimiento interno y regadíos. Por lo tanto, si se cerrara completamente el grifo del que se benefician el resto de comunidades (algo imposible), quedarían alrededor de 5.000, mil menos de la previsión del Ejecutivo manchego, lo que sirvió al experto para criticar la propuesta «por inviable».

Peralta acusa al PPCV

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, afirmó que el PPCV traslada sus «problemas internos» al Ejecutivo central al pedir una Conferencia de Presidentes Autonómicos para hablar de agua, cuestión que planteó el lunes el vicepresidente del Consell Juan Cotino.
Peralta dijo que el PPCV «no se fía» de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal , en su negociación del Estatuto castellanomanchego.
Según el delegado del Gobierno, el PP debería dirigirse a su grupo parlamentario que es el ámbito de negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha pero «quizá», ha dicho, «no se fía de De Cospedal , que es su portavoz en esa negociación». Por ello, ha pedido al PPCV que se reúna con De Cospedal y «se aclaren».«El Gobierno debe ser quien distribuya los recursos de forma equitativa y solidaria entre todos los españoles a través de los trasvases».«Esto es fruto de la sinrazón de los políticos. Una verdadera reserva para Castilla-La Mancha sería la puesta en marcha del trasvase del Ebro».«La reserva menosprecia los derechos históricos de otras comunidades, y servirá para regar cultivos que están subvencionados por la UE».«El Consell debería dirigirse a su grupo en el Congreso, aunque quizá no se fía de la portavoz en la negociación del estatuto, De Cospedal».