La Conferencia de Presidentes que reúne hoy en el Senado a José Luis Rodríguez Zapatero con los máximos responsables autonómicos permitirá volver a poner en el primer plano de la actualidad el debate hídrico. Un asunto pendiente de consenso incluso desde antes de la derogación del trasvase de agua del Ebro y que, desde hace bastantes meses, sólo había permanecido vivo gracias a la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.
Tanto PP como PSOE mantienen una posición de complicados equilibrios en relación con este asunto. La posición de cada una de las autonomías ha convertido el debate sobre las medidas para poner solución al déficit hídrico en un tira y afloja, que ha terminado por hacer imposible el consenso respecto a cómo abordar este asunto.
En las filas populares, la posición respecto a este asunto ha ido evolucionando desde una encendida defensa del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y de los trasvases de agua a posturas más comedidas, que sí mantienen la apuesta por un proyecto nacional que permita aportar soluciones a cada región, pero que, al mismo tiempo, avalan las transferencias de agua con mayor prudencia. Los enfrentamientos que ha generado en el seno del partido la defensa de los trasvases no se han apagado. Y por ello, que Francisco Camps lograra el pasado viernes el aval de su partido para incluir en su intervención de hoy el debate hídrico es más que significativa. El comunicado hecho público por Génova fue bastante más difuso respecto a esa cuestión que las manifestaciones pronunciadas por Paula Sánchez de León y Maritina Hernández al respecto.
La discusión generada en las filas populares no resulta distinta a la que se abre en las socialistas. De hecho, se diría que son prácticamente idénticas, con la diferencia de que, en el PSOE, la opción mayoritaria es la que rechaza las transferencias de agua. Esa opción mayoritaria no impide que en algunas regiones, como la Comunitat, Murcia o en ciudades como Almería, las federaciones socialistas se vean obligadas a caminar sobre el alambre para tratar de compaginar su defensa de los trasvases de agua con una posición federal que, sólo en determinados casos, va en esa misma dirección.
El debate del agua durante los últimos meses ha venido marcado por la falta de acuerdo para dar el impulso definitivo a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. El documento salido del Parlamento de esa región incluía una disposición que establecía el fin del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. La presión ejercida ante las direcciones nacionales de los dos grandes partidos -la de Camps para obligar a rectificar a Dolores de Cospedal está en el origen de más de un desencuentro interno- ha provocado que esa opción ahora aparezca como prácticamente descartada. Eso no significa que exista acuerdo, como se puede comprobar. La posición manchega ha derivado ahora a una posición que prima una reserva de agua para la autonomía. La falta de acuerdo respecto a la cantidad de agua mínima para que se mantenga el trasvase frena ahora el acuerdo entre los partidos mayoritarios.
En el caso de la Comunitat, tanto Camps como el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, han mantenido una encendida defensa de las transferencias de agua. «Apoyaremos el trasvase del Tajo-Segura, trabajaremos para que el agua sobrante del Ebro no sólo llegue a los pueblos de Cataluña y trabajaremos para que el trasvase del Ebro sea una realidad», aseguró el viernes Cotino. Para entender la posición valenciana es vital asumir que no sólo se defiende el trasvase del Ebro a la Comunitat, sino que se apoyan todos los trasvases desde ese río. Entre otras razones, porque se asume que dispone de suficiente agua para hacerlo posible, y porque no tendría justificación avalar unos trasvases y rechazar otros.
Aportes externos
Justo la víspera de la Conferencia de Presidentes, el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, reivindicó «aportes externos» de agua para superar el déficit hídrico que actualmente padece la Comunitat.
Cotino recordó que la Estrategia Territorial de la Comunitat plantea como prioridad la «seguridad hídrica de nuestro territorio» y, para ello, «es necesaria la justicia distributiva y los aportes externos».
Uno de los aspectos desarrollados en la Estrategia es la necesidad de los trasvases, y se plantea recuperar los entre 350 y 400 hectómetros cúbicos previstos en el Trasvase del Ebro, con lo que podría cubrirse una parte del déficit hídrico de la Comunitat. También se propone mantener el trasvase Tajo-Segura en sus condiciones actuales.