Se podía haber recurrido -como La Rioja- cuando Cataluña promulgó el decreto en junio por el que la Generalitat creaba la Cuenca Hidrográfica de Cataluña y se apropiaba de aguas subterráneas del Ebro, pero el Gobierno de Aragón decidió esperar por las supuestas "dudas jurídicas". Ahora, la DGA alegará contra el programa de medidas del Plan de Gestión del Agua de Cataluña, que se encuentra en exposición pública desde el 16 de noviembre y que ya advierte que "incide tanto en el ámbito de las cuencas internas de Cataluña, como en el ámbito de las cuencas del Ebro". El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, afirmó que se recurrirá después en el contencioso-administrativo porque hay poca confianza en que estas alegaciones se tengan en cuenta.
Boné respondía -en nombre del presidente Marcelino Iglesias, que no asistió- a la comparecencia solicitada por el PP para que el Gobierno de Aragón se posicionara sobre el decreto de la Generalitat "que afecta a los intereses de Aragón", y explicara porqué no se había recurrido. El portavoz del PP, Eloy Suárez, que logró arrancarle al consejero la 'confesión' de que se podía haber interpuesto un recurso antes, recordó a Boné que no haberlo hecho "tiene consecuencias". Suárez, que le preguntó al consejero si el presidente le ordenó no recurrir (este lo negó), lamentó "la pasividad inexplicable del Ejecutivo autonómico" y exigió "una respuesta clara y contundente".
El popular denunció que este decreto "da cobertura jurídica al trasvase, porque Cataluña pretende interconectar las cuencas y solucionar el problema de Barcelona" y advirtió de que la Generalitat se está construyendo "un armazón jurídico que le dará todas las posibilidades". En este sentido, criticó que la Comunidad catalana esté "condicionando cada vez más la política hidráulica" y que el Gobierno central "le deje hacer". "Trocear el río hará una gestión imposible", subrayó. De hecho, este decreto -como el propio Boné señaló- vulnera en un 80% las competencias estatales y la Administración central "tiene motivos más claros para recurrir". Incluso Boné consideró que hay incumplimientos "flagrantes" y pidió a Madrid que esté "más atento". Entre otros, Cataluña plantea elaborar un plan hidrológico propio para su territorio.

El tiempo juega en contra

No obstante, el consejero se amparó en las "dudas jurídicas" para justificar la no actuación de la DGA. Aseguró que, pese a no recurrir, "no se han agotado las posibilidades de defender los intereses de los aragoneses". Sin embargo, el tiempo corre en contra de Aragón, ya que mientras se recurre y se dirime una resolución, Cataluña sigue tramitando sus actuaciones. Y, en caso de que los tribunales dieran la razón a la Comunidad aragonesa -algo que podría suceder dentro de varios años-, la Generalitat podría considerar la sentencia inejecutable puesto que las obras acometidas podrían ser irreversibles.
En cualquier caso, Boné anunció que se van a recurrir todos los actos administrativos que se deriven del decreto. Además, explicó que durante la revisión del plan hidrológico del Ebro -en proceso- se van a tratar de delimitar los acuíferos para que se incluyan en la Cuenca. "Como mucho -dijo- se aspira a que haya una gestión compartida" de estas masas de agua subterráneas que se encuentran entre la Cuenca del Ebro y las cuencas internas catalanas.
El diputado de CHA Bizén Fuster enmarcó este decreto en "uno de tantos asaltos que se están pretendiendo por Cataluña y con la connivencia del Gobierno central". Instó al Ejecutivo autonómico a tomar medidas si Madrid no lo hace y manifestó su preocupación por la actitud de la DGA. Además, Fuster coincidió con el PP en que las actuaciones de la Comunidad vecina son "una trama tejida para que el trasvase del Ebro a las cuencas internas catalanas sea una realidad".
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, pidió que se garantice la participación de todas las Comunidades de la Cuenca y se tomen decisiones consensuadas. Tanto Javier Sada (PSOE) como Joaquín Peribáñez (PAR) respaldaron la actitud del Gobierno.