La organización Ecologistas en Acción indicó hoy que insistirá a los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz la modificación de 25 artículos de la Ley de Aguas, que la pasada semana inició su tramitación en la Cámara autonómica.
La asociación criticó a través de un comunicado el "nefasto proceso de participación en su elaboración, por supeditarla a los intereses económicos de los regantes, asociaciones agrarias y empresariales, y por estar destinada a fiscalizar los usos urbanos del agua".
Además, apuntó que el texto remitido al Parlamento muestra una "incoherencia muy grande entre las declaraciones de principios contenidas en la exposición de motivos y el desarrollo de los contenidos", señalando que "si bien las primeras incorporan toda la orientación de la Directiva Marco de Aguas, los segundos no recogen mucho de los planteamientos propuestos por nuestra organización".
Entre otras cuestiones, Ecologistas en Acción propone que el texto definitivo "recoja un nuevo modelo participativo que otorgue mayor peso a los colectivos sociales y de defensa del medio ambiente que garantice la participación efectiva, real y en igualdad en número".
Así, exigió la aplicación "rigurosa" de la Ley 27/2006, además de incorporar las nuevas tecnologías de la información para facilitar el acceso a documentación, vista de expedientes o presentación de alegaciones.
En cuanto a la Planificación Hidrológica, en el texto "se debe de recoger la renuncia expresa de la Administración a la realización de las obras hidráulicas medioambientalmente insostenibles, sobre todo, de aquellas previstas en el Plan Hidrológico Nacional y también el rechazo a nuevos trasvases y a la ampliación del regadío".
Respecto a la preferencia de usos, dada la redacción "ambigua" del Proyecto, "debe de prevalecer el establecido en la legislación básica, siendo su uso principal el doméstico que satisfaga las necesidades básicas de consumo de boca y de salubridad, y las necesidades medioambientales para alcanzar el buen estado ecológico de las aguas".
"Nunca se establecerá en función de criterios económicos ni de creación de empleo ni generación de riqueza para Andalucía, sólo en función de su sostenibilidad y de su impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas", señaló.
Además, indicó que el texto definitivo debe de plantear "de una vez por todas la creación de la Mesa de los Conflictos del Agua, como órgano de participación y consulta que aborde la recuperación integral de los cauces públicos cuyos problemas están aún sin resolver".
Por último, y dado que la norma "se ceba con la imputación de costes a los usos domésticos e ignora a los usos agrarios, hidroeléctricos y al golf", proponen que se facture a los usos agrarios por volumen de agua consumido en vez de por superficie regada.
Es decir, sugieren la creación del canon de recuperación de costes por el uso del agua en el sector agrícola, por el cual los usuarios del agua del sector agrícola satisfarán un canon de regulación destinado a prevenir, corregir y, en su caso, conservar las masas de aguas superficiales y subterráneas de los impactos que las malas prácticas agrícolas hayan podido ocasionar, por ejemplo el uso de agrotóxicos.