La nueva Ley de Aguas de Andalucía pondrá en práctica una serie de medidas que garantizarán un adecuado uso de este recurso para impulsar el desarrollo de todos los sectores socioeconómicos de Andalucía y, por tanto, asegurar riqueza y empleo para todos.
Una de las figuras fundamentales recogidas en la nueva normativa es la creación de los bancos públicos del agua. Se trata de un organismo que servirá para flexibilizar el régimen concesional de las dotaciones de agua y facilitará la entrada de nuevos sectores económicos en la región.
Los bancos públicos del agua regulados en la Ley se convertirán en un instrumento básico de la Administración para posibilitar la disponibilidad de agua con fines de interés público. Es decir, la Administración podrá adquirir derechos de uso de agua de aquellas concesiones en las que no sea necesaria y dirigir dichos recursos a nuevos usos más necesarios que garanticen un uso racional y eficiente del agua.
Estos bancos se crearán en cada una de las demarcaciones hidrográficas, dependerán de la Agencia Andaluza del Agua y podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de agua para atender distintas finalidades, con un orden determinado de usos preferentes. El primero es conseguir el buen estado de las masas de agua. En segundo lugar, el agua se destinará a corregir los desequilibrios de recursos en los distintos sistemas de explotación y constituir reservas para los fines previstos en los planes hidrológicos de cada demarcación. Le siguen los usos que sean declarados de interés autonómico y, finalmente, se podrán ceder derechos de uso de agua por el precio que se acuerde en cada caso, atendiendo a la normativa ya existente para regular los centros de intercambio de derechos de agua.
Lo más novedoso es que para adquirir estos derechos de agua no será necesaria la condición de usuario. Gracias a esta matización, el agua podrá cambiar de manos y facilitar el acceso al mercado andaluz de nuevas industrias, que necesitan del agua para poder desarrollar su actividad y que generarán nuevos empleos y riqueza para la Comunidad Autónoma Andaluza. Pero este cambio de manos se controlará por parte de la Administración para evitar posibles especulaciones con el recurso y que se convierta en una simple operación de compraventa.
Por otra parte, para conseguir un uso más eficiente de los recursos y poder dirigirlos a nuevos usos, la Administración debe impulsar las medidas necesarias para ajustar las dotaciones disponibles. Este reajuste servirá para que cada uso cuente con el agua que necesita, ni más ni menos, para evitar su desaprovechamiento. El ejemplo más claro en este sentido es la modernización de los regadíos. Esta nueva disponibilidad de agua hará posible que los bancos públicos puedan destinarla a nuevas actividades, ya sean nuevos campos de cultivo modernizados, plantas termosolares o actividades que ayuden a conservar el medio ambiente y mantener la cohesión territorial.
Los bancos públicos posibilitarán a la Administración que pueda destinar el recurso a nuevos usos de mayor utilidad pública o interés social que generen reducciones de su consumo, pero siempre sin perjudicar a ninguna actividad económica e impulsando el desarrollo de la región, ya que se respetarán en primer lugar las concesiones existentes.
Una de las últimas medidas íntimamente relacionadas con la flexibilización de las concesiones es el cambio en el orden de prioridad del uso del agua dentro de la planificación hidrológica.
La nueva Ley establece un orden de prioridad de usos de agua -de forma supletoria, ya que éste debe definirse en los planes hidrológicos de cada demarcación- para conseguir, entre otras cosas, un mayor desarrollo socioeconómico de la región.
En este nuevo orden prima el abastecimiento a la población andaluza. En segundo lugar, los usos urbanos no domésticos en actividades económicas de bajo consumo -por ejemplo, los comercios de las ciudades- y, en tercer lugar, iguala al regadío con los usos industriales, turísticos y otros usos no urbanos o urbanos de alto consumo.
La prioridad de este tercer nivel se establecerá en función de varios factores: su sostenibilidad, el mantenimiento de la cohesión territorial y el mayor valor añadido en términos de creación de empleo y generación de riqueza para Andalucía.