El Gobierno planteará la cesión de la reserva hídrica del Ebro a Aragón
Mié, 25/11/2009
El Gobierno de España y el de Aragón dieron ayer un impulso al desarrollo estatutario impensable hace tan solo unos meses: la comisión bilateral entre ambas administraciones acordó el inicio de las negociaciones que permitan acabar en un futuro no demasiado lejano con la gestión autonómica de la reserva hídrica de los 6.550 hectómetros cúbicos que recoge el Estatuto y que permitiría participar en la planificación hidrológica de cuenca y, en cierto modo, paralizar amenazas de trasvase.
Este acuerdo es tan solo un primer paso de un largo trecho que aún se debe recorrer, pero como resaltaron ayer los vicepresidentes de España, Manuel Chaves, y de Aragón, José Ángel Biel, demuestran que hay "voluntad política" por parte de las administraciones por desarrollar el Estado de las Autonomías y sobre todo de aquellas que tienen Estatutos aprobados recientemente. Si llega a buen puerto este grupo de trabajo, Aragón se equipararía a comunidades como Andalucía (que gestiona el Guadalquivir), Castilla y León (que pronto tomará decisiones sobre el Duero) o la de Cataluña, que desde 1985 supervisa las aguas en su territorio bajo el control de la CHE.
AVANCES DESDE ENERO
No fue el único acuerdo de alcance que se firmó ayer entre ambos gobiernos en el transcurso de una comisión bilateral que, después de sufrir varios retrasos, parece que dio ayer buenos frutos. Algo que parecía difícil hace tan solo unos meses, y más cuando con el anterior Ministerio de Administraciones Públicas se dio un paso en falso en la anterior comisión bilateral, celebrada en Madrid el pasado mes de enero. Entonces, hubo un gran desinterés por parte del Gobierno central que se desbloqueó en abril con la creación del Ministerio de Política Territorial que dirige Manuel Chaves con un principal cometido: desarrollar los estatutos y consolidar el Estado autonómico.
Por eso, ayer se alcanzaron otros acuerdos, como la creación de grupos de trabajo que permitan a Aragón asumir competencias que tienen muy pocas comunidades. Es el caso de la gestión de aeropuertos regionales (estaría fuera el de Zaragoza), inspección de Trabajo o inmigración.
También se abrió la veda a una vieja reivindicación del PAR que se va a empezar a satisfacer: la posibilidad de que el Gobierno autonómico ejecute obras estatales pero cuyas partidas presupuestarias se quedan sin ejecutar y la DGA considere que son prioritarias para la comunidad. En este sentido, ayer se dieron los primeros pasos: la construcción de la balsa de Monroyo y los embalses de Comellares y Peñarroya de Tastavins, para regular el tramo alto del río Tastavins.
Este acuerdo es tan solo un primer paso de un largo trecho que aún se debe recorrer, pero como resaltaron ayer los vicepresidentes de España, Manuel Chaves, y de Aragón, José Ángel Biel, demuestran que hay "voluntad política" por parte de las administraciones por desarrollar el Estado de las Autonomías y sobre todo de aquellas que tienen Estatutos aprobados recientemente. Si llega a buen puerto este grupo de trabajo, Aragón se equipararía a comunidades como Andalucía (que gestiona el Guadalquivir), Castilla y León (que pronto tomará decisiones sobre el Duero) o la de Cataluña, que desde 1985 supervisa las aguas en su territorio bajo el control de la CHE.
AVANCES DESDE ENERO
No fue el único acuerdo de alcance que se firmó ayer entre ambos gobiernos en el transcurso de una comisión bilateral que, después de sufrir varios retrasos, parece que dio ayer buenos frutos. Algo que parecía difícil hace tan solo unos meses, y más cuando con el anterior Ministerio de Administraciones Públicas se dio un paso en falso en la anterior comisión bilateral, celebrada en Madrid el pasado mes de enero. Entonces, hubo un gran desinterés por parte del Gobierno central que se desbloqueó en abril con la creación del Ministerio de Política Territorial que dirige Manuel Chaves con un principal cometido: desarrollar los estatutos y consolidar el Estado autonómico.
Por eso, ayer se alcanzaron otros acuerdos, como la creación de grupos de trabajo que permitan a Aragón asumir competencias que tienen muy pocas comunidades. Es el caso de la gestión de aeropuertos regionales (estaría fuera el de Zaragoza), inspección de Trabajo o inmigración.
También se abrió la veda a una vieja reivindicación del PAR que se va a empezar a satisfacer: la posibilidad de que el Gobierno autonómico ejecute obras estatales pero cuyas partidas presupuestarias se quedan sin ejecutar y la DGA considere que son prioritarias para la comunidad. En este sentido, ayer se dieron los primeros pasos: la construcción de la balsa de Monroyo y los embalses de Comellares y Peñarroya de Tastavins, para regular el tramo alto del río Tastavins.