España tiene una deuda con su sector pesquero
Mar, 06/10/2009
El secuestro en aguas del Océano Índico del Alakrana, atunero vasco que en fechas recientes logró escapar del primer intento de abordaje por los piratas somalíes, y el subsiguiente debate iniciado desde el Gobierno al manifestar el ministerio de Defensa que el apresamiento se produjo fuera de la zona de seguridad, establecida por la Unión Europea para las flotas propias que faenan bajo el acoso de los piratas con base en el fallido Estado de Somalia, abre en canal un asunto que va más allá aunque incluya el debate de la seguridad de este problema puntual, que sucede al sufrido, en abril del año pasado, al también atunero Playa de Baquio, apresado por los piratas en las mismas aguas índicas. Ambos episodios y la postura del Gobierno, que se niega a que sean embarcados infantes de Marina en los atuneros, tal como resolvió hacer el Gobierno francés para los suyos, ha llevado, como es sabido, a las empresas españolas del sector a suspender la campaña y replegarse a sus bases operativas en las islas Seychelles.
Hay razones sobradas para que los armadores hayan tomado esta decisión. La primera de todas es la interpretación restrictiva que el Gobierno hace de los criterios sobre los que está articulada la Ley de Defensa Nacional, para negar la protección militar reclamada por el sector. Ni en el plano de los principios, ni en el orden práctico, parece asumible la negativa del ministerio de Defensa como ejecutor de una política militar del Gobierno que, en los últimos días, por causa del 'efecto Obama' que colma de plenitudes políticas y personales al presidente del Consejo de Ministros amplía el contingente español en Afganistán, e incluso llega a reconocer que para misiones estrictamente bélicas, cuando desde el propio lado norteamericano se abre una reflexión sobre el fondo estratégico del problema afgano y respecto al criterio de ampliar o reducir el número de sus tropas allí.
Desde un indiscutible y copernicano fondo de obsecuencia con la actual Casa Blanca respecto de Afganistán, el Gobierno ha puesto pies en pared contra el embarque de soldados. Es postura que desconsidera los intereses del sector pesquero en la presente marea de los atunes índicos. A la inseguridad física se suma el problema del daño económico. Sí.
Plus de autonomía
La presencia de militares en los atuneros franceses otorga a éstos, por la disuasión que genera, un plus de autonomía operacional que les permite faenar más allá de los espacios incluidos en la cuadrícula de Atlanta, que se identifica con el perímetro de seguridad establecido para la actual campaña. El margen suficiente de disuasión frente a los piratas que genera la 'militarización' francesa de sus pesqueros, permite a éstos un rendimiento mayor en el curso de la campaña, al poder seguir a través del sónar, sin trabas ni limitaciones espaciales derivadas de la inseguridad, la evolución y desplazamientos de los cardúmenes dentro o fuera de las zonas de cobertura común.
La limitación de los supuestos a que se deben enfrentar las dotaciones militares embarcadas por Francia reduce a mínimos el problema de evaluar la causa suficiente de abrir fuego contra los piratas. El cabo o sargento al mando de estas pequeñas unidades no necesitan, ciertamente, la base teórica propia de un oficial. Se trata de habas contadas. Piratas y esquifes son para los franceses blanco obligado. Y tan claro como que no defenderían a ningún pesquero suyo sin la bandera nacional.
Otra cosa que habría, quizás, que considerar, más bien, es la clave pacifista del señor presidente del Consejo de Ministros, al que por sus infinitas ansias de paz se le deben abrir las carnes ante la eventualidad de que una bala española, como la que ha herido a uno de los piratas alcanzados y detenidos por la fragata Canarias, se pueda llevar por delante la vida de un pobrecito pirata somalí, víctima, como los propios atunes, de la explotación neocolonialista de los recursos naturales africanos…
Pero sobre todo lo considerado prevalece el hecho de que el sector pesquero fue uno de los grandes sacrificados en las aportaciones españolas en la negociación para la entrada en el Mercado Común, toda vez que se hubo de renunciar a propios e históricos derechos de pesca existentes en lo que ahora son aguas comunitarias. Son títulos que por vías de cobertura suficiente no se le reconocen por este Gobierno; cobertura como la que da la admirable Francia a los suyos, esté quien esté en El Elíseo.
Mejor la disuasión suficiente que la represión necesaria.
José Javaloyes
Hay razones sobradas para que los armadores hayan tomado esta decisión. La primera de todas es la interpretación restrictiva que el Gobierno hace de los criterios sobre los que está articulada la Ley de Defensa Nacional, para negar la protección militar reclamada por el sector. Ni en el plano de los principios, ni en el orden práctico, parece asumible la negativa del ministerio de Defensa como ejecutor de una política militar del Gobierno que, en los últimos días, por causa del 'efecto Obama' que colma de plenitudes políticas y personales al presidente del Consejo de Ministros amplía el contingente español en Afganistán, e incluso llega a reconocer que para misiones estrictamente bélicas, cuando desde el propio lado norteamericano se abre una reflexión sobre el fondo estratégico del problema afgano y respecto al criterio de ampliar o reducir el número de sus tropas allí.
Desde un indiscutible y copernicano fondo de obsecuencia con la actual Casa Blanca respecto de Afganistán, el Gobierno ha puesto pies en pared contra el embarque de soldados. Es postura que desconsidera los intereses del sector pesquero en la presente marea de los atunes índicos. A la inseguridad física se suma el problema del daño económico. Sí.
Plus de autonomía
La presencia de militares en los atuneros franceses otorga a éstos, por la disuasión que genera, un plus de autonomía operacional que les permite faenar más allá de los espacios incluidos en la cuadrícula de Atlanta, que se identifica con el perímetro de seguridad establecido para la actual campaña. El margen suficiente de disuasión frente a los piratas que genera la 'militarización' francesa de sus pesqueros, permite a éstos un rendimiento mayor en el curso de la campaña, al poder seguir a través del sónar, sin trabas ni limitaciones espaciales derivadas de la inseguridad, la evolución y desplazamientos de los cardúmenes dentro o fuera de las zonas de cobertura común.
La limitación de los supuestos a que se deben enfrentar las dotaciones militares embarcadas por Francia reduce a mínimos el problema de evaluar la causa suficiente de abrir fuego contra los piratas. El cabo o sargento al mando de estas pequeñas unidades no necesitan, ciertamente, la base teórica propia de un oficial. Se trata de habas contadas. Piratas y esquifes son para los franceses blanco obligado. Y tan claro como que no defenderían a ningún pesquero suyo sin la bandera nacional.
Otra cosa que habría, quizás, que considerar, más bien, es la clave pacifista del señor presidente del Consejo de Ministros, al que por sus infinitas ansias de paz se le deben abrir las carnes ante la eventualidad de que una bala española, como la que ha herido a uno de los piratas alcanzados y detenidos por la fragata Canarias, se pueda llevar por delante la vida de un pobrecito pirata somalí, víctima, como los propios atunes, de la explotación neocolonialista de los recursos naturales africanos…
Pero sobre todo lo considerado prevalece el hecho de que el sector pesquero fue uno de los grandes sacrificados en las aportaciones españolas en la negociación para la entrada en el Mercado Común, toda vez que se hubo de renunciar a propios e históricos derechos de pesca existentes en lo que ahora son aguas comunitarias. Son títulos que por vías de cobertura suficiente no se le reconocen por este Gobierno; cobertura como la que da la admirable Francia a los suyos, esté quien esté en El Elíseo.
Mejor la disuasión suficiente que la represión necesaria.
José Javaloyes