La Ley de Aguas de Andalucía regará la esperanza de los ciudadanos próximamente. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Aguas, que comenzará su tramitación parlamentaria en octubre para su entrada en vigor a principios de 2010. Con este hito histórico, la comunidad autónoma andaluza contará por primera vez con un marco normativo propio para la gestión del conjunto de sus recursos hídricos, una vez culminado el traspaso de las competencias sobre todas las cuencas hidrográficas de la región.
El proyecto cuenta con el respaldo de los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos. También incorpora el 80% del millar de alegaciones y aportaciones recibidas de asociaciones, entidades, organismos y particulares y del Consejo Económico y Social, así como del Consejo Consultivo de Andalucía, que emitieron informes favorables por unanimidad.
Su contenido, basado en el Acuerdo Andaluz por el Agua suscrito el pasado 3 de febrero, presta una especial atención a asignar los usos del agua conforme a las prioridades de reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial.
Entre sus principales novedades, el proyecto incorpora la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona. A través de ellos, la Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con los objetivos de mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.
Dentro del nuevo marco de asignación de usos, la futura ley flexibilizará el régimen de las concesiones de agua, que actualmente no permite la entrada a nuevos usos, incluso en el caso de que éstos ofrezcan mayor rentabilidad social y económica que los ya autorizados. El plazo máximo se reducirá de 75 a 20 años, salvo si la inversión necesaria requiere un periodo de amortización más largo.
En los regadíos, las concesiones se revisarán tras los proyectos de modernización que se lleven a cabo, con el fin de ajustarlas a las necesidades del riego eficiente y poder liberar recursos. Respecto a la regulación del ciclo integral del agua, el nuevo texto reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración, aunque establece que la Administración autonómica podrá intervenir subsidiariamente en determinadas situaciones.
En materia de depuración y saneamiento, el proyecto dispone la aprobación de un plan de infraestructuras en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor. Este documento recogerá los proyectos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad previstos para 2015 por la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea. La futura ley implantará un régimen económico-financiero acorde con el mandato de la directiva europea de aplicar, a partir de 2010, el denominado principio de recuperación de costes. De este modo, el precio del líquido elemento estará en consonancia con su consumo efectivo y las cantidades recaudadas tendrán un carácter finalista, es decir, se reinvertirán por completo en los proyectos previstos en el plan de infraestructuras y en la protección y regeneración de las masas de agua.
En el capítulo de los derechos de los usuarios, el proyecto de ley incluye la garantía de una prestación con la calidad adecuada, así como el derecho a participar activamente en las decisiones de gestión y planificación del uso del agua.
Por último, se dispone la constitución del Observatorio Público del Agua, órgano de consulta y participación social que, entre otras funciones, se encargará de fijar estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios para poder así establecer las tarifas con criterios claros y transparentes.
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno constituye el marco jurídico para la gestión de todos los recursos hídricos del territorio andaluz, sobre los que la comunidad autónoma ejerce plenas competencias desde este año y que se distribuyen en tres grandes cuencas hidrográficas. La mayor de ellas es la del Guadalquivir, que ocupa el 59,2% de la superficie de Andalucía y donde reside el 55% de la población. Sus embalses suman 7.142 hectómetros cúbicos, sus 62 acuíferos ocupan más de 43.000 kilómetros cuadrados y los regadíos 650.000 hectáreas.
Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza tiene su ámbito en los 18.000 kilómetros cuadrados que gestionaba a la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, entre el Campo de Gibraltar (Cádiz) y la desembocadura del río Almanzora (Almería). Acoge 2,1 millones de habitantes y cuenta con 11 grandes embalses en explotación y 160.000 hectáreas de regadíos.
Finalmente, la Cuenca Atlántica Andaluza gestiona las cuencas hidrográficas del Guadalete y Barbate (Cádiz) y del Tinto, Odiel, Piedras y Chanza (Huelva). Este territorio, que suma una superficie de 13.316 kilómetros cuadrados y una población de 1,3 millones de habitantes, concentra 14 grandes pantanos y cerca de 80.000 hectáreas de regadío. De esta forma, la Ley de Aguas traerá beneficios para todos los usuarios y provocará un mayor ahorro de los recursos.