Tras las numerosas protestas que las obras de conducción de abastecimiento de agua potable a la comarca de Baza han generado entre los vecinos de Castril, el Gobierno salió ayer en defensa del trasvase afirmando su total "legalidad". Lo hizo a través del subdelegado en Granada, Antonio Cruz, quien explicó algunos detalles del proyecto de emergencia que llevará agua desde el embalse del Portillo hasta los 40.000 habitantes de la localidad bastetana. De esta forma, tras exponer que la conducción que se está realizando actualmente podrá albergar un caudal máximo de 200 litros por segundo, lo cual supone una extracción máxima anual de 6,2 hectómetros cúbicos, Antonio Cruz afirmó que "teniendo en cuenta que la aportación histórica del embalse de Portillo es de 102 hectómetros cúbicos al año, el impacto que tendrá la detracción sobre el caudal del río Castril es prácticamente nulo y sin afección en el ecosistema fluvial". Asimismo, el subdelegado destacó que el impacto visual de la construcción es "mínimo", puesto que la tubería instalada irá bajo tierra a lo largo del recorrido. Según se informó, tanto el azud utilizado como la acequia y los pasos del río se han ejecutado sobre las obras ya existentes, con el objetivo de causar la menor alteración posible. Uno de los aspectos en el que más insistió Antonio Cruz fue en el hecho de que todos los trámites exigibles para la aprobación y ejecución de las obras, la cuales finalizarán a lo largo del mes de septiembre, han sido cubiertos por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en colaboración con la Junta de Andalucía e informados favorablemente, por lo que "la actuación cumple escrupulosamente con todos los requisitos legales". Durante el año hidrológico 2005-2006 la sequía en la cuenca del Guadalquivir afectó considerablemente a los niveles de los acuíferos en Baza. A partir de entonces, el Ministerio de Medio Ambiente dispuso la redacción y ejecución del proyecto. Varios vecinos de la localidad de Castril interpusieron una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por lo que consideran una invasión no autorizada de sus tierras. Los denunciantes, que ya se manifestaron el 23 de agosto, exponen que hay un expediente de expropiación que aún no ha sido resuelto puesto que existen alegaciones pendientes. De ahí, afirman, la ilegalidad de la obra.
Tras las numerosas protestas que las obras de conducción de abastecimiento de agua potable a la comarca de Baza han generado entre los vecinos de Castril, el Gobierno salió ayer en defensa del trasvase afirmando su total "legalidad". Lo hizo a través del subdelegado en Granada, Antonio Cruz, quien explicó algunos detalles del proyecto de emergencia que llevará agua desde el embalse del Portillo hasta los 40.000 habitantes de la localidad bastetana.
De esta forma, tras exponer que la conducción que se está realizando actualmente podrá albergar un caudal máximo de 200 litros por segundo, lo cual supone una extracción máxima anual de 6,2 hectómetros cúbicos, Antonio Cruz afirmó que "teniendo en cuenta que la aportación histórica del embalse de Portillo es de 102 hectómetros cúbicos al año, el impacto que tendrá la detracción sobre el caudal del río Castril es prácticamente nulo y sin afección en el ecosistema fluvial".
Asimismo, el subdelegado destacó que el impacto visual de la construcción es "mínimo", puesto que la tubería instalada irá bajo tierra a lo largo del recorrido. Según se informó, tanto el azud utilizado como la acequia y los pasos del río se han ejecutado sobre las obras ya existentes, con el objetivo de causar la menor alteración posible.
Uno de los aspectos en el que más insistió Antonio Cruz fue en el hecho de que todos los trámites exigibles para la aprobación y ejecución de las obras, la cuales finalizarán a lo largo del mes de septiembre, han sido cubiertos por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en colaboración con la Junta de Andalucía e informados favorablemente, por lo que 'la actuación cumple escrupulosamente con todos los requisitos legales".
Durante el año hidrológico 2005-2006 la sequía en la cuenca del Guadalquivir afectó considerablemente a los niveles de los acuíferos en Baza. A partir de entonces, el Ministerio de Medio Ambiente dispuso la redacción y ejecución del proyecto.
Varios vecinos de la localidad de Castril interpusieron una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por lo que consideran una invasión no autorizada de sus tierras. Los denunciantes, que ya se manifestaron el 23 de agosto, exponen que hay un expediente de expropiación que aún no ha sido resuelto puesto que existen alegaciones pendientes. De ahí, afirman, la ilegalidad de la obra.