El Gobierno duda sobre la oportunidad de dar luz verde a los decretos hídricos
Mar, 08/09/2009
El Ministerio de Medio Ambiente mantiene la incertidumbre sobre la viabilidad de los dos reales decretos que deben regular la nueva delimitación de la "Demarcación Júcar" y la representatividad en el Consejo del Agua de esta cuenca que ha generado el rechazo de la Generalitat Valenciana y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Generalitat pretende que se mantenga la actual unidad de gestión en el Vinalopó-l'Alacantí, que el Gobierno quiere separar en aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 que invalidó la distribución territorial empleada en el vigente Plan Hidrológico del Júcar.
Por su parte, Castilla-la Mancha pretende que la nueva demarcación excluya la Albufera y sus afluentes de las cuencas intercomunitarias para tener más peso territorial en la futura demarcación Júcar, un demanda que ha sido rechazada por el Gobierno en los sucesivos borradores.
Como consecuencia de la nueva delimitación, se modifica también la representatividad en el Consejo del Agua de la Demarcación Júcar que sustituirá a la actual Confederación Hidrográfica.
Según el último borrador, la Comunitat Valenciana tendría 10 representantes por otros diez repartidos entre Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.
Sin embargo, el rechazo que han provocado los borradores en el Gobierno Valenciana y en Castilla-La Mancha, podría aplazar su aprobación. Fuentes de la delegación de la Mesa pel Xúquer que asistieron la semana pasada a una reunión con el secretario de Estado Josep Puxeu, aseguran que éste sugirió esta posibilidad, que provocaría también un retraso en el futuro Plan Hidrológico del Júcar.
El director general del Agua, José María Benlliure, presentó ayer en el Ministerio de Medio Ambiente el documento con las alegaciones del Gobierno valenciano a los borradores de los decretos en los que defiende una mayor representatividad basada en mayoría poblacional.
José María Benlliure declaró que la aprobación de estos decretos "perjudicaría gravemente los intereses valencianos", y advirtió de que, con ellos, al perder la mayoría absoluta en el Consejo del Agua, "serán Castilla La Mancha, Aragón y Cataluña las que puedan llegar a decidir sobre los problemas hídricos de la Comunitat".
La Generalitat pretende que se mantenga la actual unidad de gestión en el Vinalopó-l'Alacantí, que el Gobierno quiere separar en aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 que invalidó la distribución territorial empleada en el vigente Plan Hidrológico del Júcar.
Por su parte, Castilla-la Mancha pretende que la nueva demarcación excluya la Albufera y sus afluentes de las cuencas intercomunitarias para tener más peso territorial en la futura demarcación Júcar, un demanda que ha sido rechazada por el Gobierno en los sucesivos borradores.
Como consecuencia de la nueva delimitación, se modifica también la representatividad en el Consejo del Agua de la Demarcación Júcar que sustituirá a la actual Confederación Hidrográfica.
Según el último borrador, la Comunitat Valenciana tendría 10 representantes por otros diez repartidos entre Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.
Sin embargo, el rechazo que han provocado los borradores en el Gobierno Valenciana y en Castilla-La Mancha, podría aplazar su aprobación. Fuentes de la delegación de la Mesa pel Xúquer que asistieron la semana pasada a una reunión con el secretario de Estado Josep Puxeu, aseguran que éste sugirió esta posibilidad, que provocaría también un retraso en el futuro Plan Hidrológico del Júcar.
El director general del Agua, José María Benlliure, presentó ayer en el Ministerio de Medio Ambiente el documento con las alegaciones del Gobierno valenciano a los borradores de los decretos en los que defiende una mayor representatividad basada en mayoría poblacional.
José María Benlliure declaró que la aprobación de estos decretos "perjudicaría gravemente los intereses valencianos", y advirtió de que, con ellos, al perder la mayoría absoluta en el Consejo del Agua, "serán Castilla La Mancha, Aragón y Cataluña las que puedan llegar a decidir sobre los problemas hídricos de la Comunitat".