Inalsa ha propuesto al Cabildo de Lanzarote revisar los convenios con desaladoras privadas y atajar las irregularidades en que incurren algunas de ellas como medida para sacar a la empresa de la situación de quiebra en que se encuentra.

En ese documento, la empresa de aguas señala que “la competencia desleal por la presumible existencia de plantas desalinizadoras ilegales en complejos hoteleros provoca que no aumente el volumen de facturación acorde con los niveles de ocupación que se registran en el sector turístico, ocasionando un coste de oportunidad al soportar una estructura de costes fijos”.

Según Inalsa, los complejos hoteleros que tienen desaladoras con convenios firmados con el Consejo Insular de Aguas producen unos siete mil metros cúbicos al día. “Estos convenios —dice la empresa pública—deben ser revisados tanto en sus plazos de vigor como en la capacidad de producción”.

La empresa ha solicitado al Consejo un informe para atajar estas irregularidades. La cifra de negocio estimada por la venta de agua de estas desalinizadoras se estima en cuatro millones de euros al año.

Inalsa destaca en ese documento que de los fondos Feder europeos para desalinizadoras en Canarias existe una dotación para Lanzarote de trece millones de euros y que la compañía pretende “acelerar los trámites para que la inversión sea realizada en el menor plazo posible porque una nueva desalinizadora implicaría un importante ahorro en gastos de explotación”.