Los alcaldes de la zona del pantano de El Burguillo (Ávila) y de San Juan (Madrid) y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantienen posturas muy diferentes sobre los desembalses hacia otros pantanos de la misma cuenca. Mientras vecinos y ayuntamientos denuncian que la CHT lleva a cabo desembalses «agresivos y exagerados», el organismo regulador defiende que su actuación se limita a aplicar las normas que regulan la explotación. Además, señalan que el presidente de la CHT, José María Macías, atendió a los afectados y se reunió con ellos hace dos semanas para abordar este asunto. Sin embargo, el alcalde de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Pablo Martín Cabezuela, asevera que sólo ha recibido explicaciones incoherentes. «No tiene lógica —afirma— que en un año pluvial seco se desembalse agua». Precisamente el bajo nivel de los pantanos —el de El Burguillo sólo está al 39,33 por ciento, mientras el año pasado por estas fechas rozaba el 62— es lo que más preocupa, por sus consecuencias tanto en el abastecimiento de la población como en la actividad económica de la zona, muy vinculada al turismo acuático y que ya se ha empezado a resentir. «El presidente está de vacaciones. Parece que le importa poco el destino de las más de 50.000 personas que residen en la ribera de El Burguillo y San Juan», denuncia el regidor, quien asegura que se debe a «una batalla política». El asunto no es nuevo. En 2005, año de fuerte sequía, ya se alzaron las voces en contra de este proceder. En 2006, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pidió a la CHT que El Burguillo no se convirtiera en «el pagano de todas las necesidades de agua de otras comunidades» y mayo de este año, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, reclamó al organismo que tuviese «en cuenta las necesidades» de los municipios antes de desembalsar, ante la posibilidad de «encontrarnos con una situación de escasez total de agua».