El Ministerio de Medio Ambiente ha ejecutado ya cerca del 85% del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó y estima que a final de año podrá comenzar a realizar ya las pruebas en la toma del agua, en Cullera, con la elevación el caudal a la balsa de regulación de Panser que tiene una capacidad de 200.000 metros cúbicos. De los siete tramos de la conducción cuatro ya han finalizado y el resto están muy avanzados, todos con porcentajes de construcción superiores al 70%, según la documentación a la que tenido acceso el periódico. La previsión de la sociedad estatal es que, a excepción del túnel de Barxeta donde los trabajos durarán un año, todos los tramos estén listos a final de éste. Los técnicos llevan varias semanas realizando pruebas con agua del rio Albaida en una tubería de 18 kilómetros a la altura de Xátiva. Falta por concretar el convenio de gestión del trasvase cuyas negociaciones iniciará la Junta Central de Usuarios, la Confederación del Júcar y el Consell el próximo otoño. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, anunció ayer que la intención es que las obras acaben de forma definitiva a lo largo del verano de 2010 y el trasvase este listo a final de año.
El desbloqueo logrado el martes en Alicante por el secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, y el presidente de usuarios y regantes, Andrés Martínez, tendrá que superar todavía escollos por el frente abierto en Valencia, donde un sector de los regantes y el colectivo antitrasvasista Xúquer Viu no están dispuestos a que el caudal que llegue del Júcar sirva para beber, tal como sucede, por ejemplo, con la ciudad de Albacete. Ayer en Alicante tampoco sentaron bien los titubeos titubeos mostrados por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en torno al trasvase. Hace un semana, en Elche, Alarte se comprometió con regantes alicantinos que el agua serviría para beber y regar. Anteayer, en Valencia, aseguraba que el régimen jurídico del trasvase sería para riego.
El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, visitó esta semana las obras a su paso por el municipio valenciano de Llaurí. En concreto, supervisó el grado de ejecución de la Balsa de Panser, ubicada junto a la Ap-7 y perteneciente al tramo A (parte en el Azud de la Marquesa), para posteriormente desplazarse hasta el emboquille norte del túnel de la Sierra de Corbera, perteneciente al tramo B, donde presenció las obras de calado.

Túnel de Corbera

El túnel de la sierra de Corbera tiene una longitud aproximada de 2.800 metros y se ha construido en 38 semanas. Para su ejecución se utilizó una tuneladora de doble escudo que perforó una media de 10 metros diarios, siendo el rendimiento máximo de perforación de 52 metros en un solo día.
El tramo B de la conducción Júcar-Vinalopó es el único cuyas obras incluyen la construcción de dos túneles: el de la sierra de Corbera y el de la sierra de Barxeta, de tres kilómetros de longitud y que es el único que falta por concluir para que ague baja por gravedad al sifón Barxeta-Xátiva, ya construido. Aguas del Júcar ha comenzado a perforar aplicando el denominado método austriaco. El segundo túnel se ejecutará mediante un planteamiento mixto: desde su emboquille norte por el 'método austriaco' y desde su emboquille sur con tuneladora de doble escudo. A lo largo del tramo B el trasvase pasa por los términos municipales de Llaurí, Alzira, Carcaixent y Simat de la Valldigna.
El portavoz del Consell, Vicente Rambla, reclamó ayer que sería "bueno" que el Gobierno actuara "con rigor y con una planificación hidrológica para toda España". Rambla se pronunció así al ser preguntado, por su opinión sobre el uso para consumo humano de una parte del agua del Júcar-Vinalopó, opción que rechaza un sector de los agricultores de Valencia. "Sería muy bueno que no fuéramos cambiando de opinión cada quince días, que tuviéramos rigor, que tuviéramos una planificación para toda España que diera respuesta a todas las comunidades autónomas, que donde haya agua pueda enviarse solidariamente allá donde falte". A su juicio, esos criterios "no están en la mesa del Gobierno a la hora de tomar decisiones". Rambla recordó que el Ejecutivo ha planteado "un conjunto de decisiones inconexas que permanentemente ocasionan un perjuicio a la comunidad desde el punto de vista de las necesidades de agua que tenemos".