La plataforma Defendemos el Trasvase celebró ayer su primera reunión fuera de la Región de Murcia en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), para presentar al tejido social y empresarial de la Vega Baja la iniciativa popular que pretende conseguir 500.000 firmas para sacar adelante una proposición de ley que impida la derogación del Tajo-Segura.
A pesar de que los asistentes al encuentro fueron escasos en número, lo cierto es que en la audiencia estaba representada buena parte de los sectores implicados, como son la EPSO, los agricultores, a través de la asociación Asaja y de diversas comunidades de regantes de la comarca, la Cámara de Comercio de Orihuela y empresarios de la Vega Baja, y algunos, aunque pocos, representantes políticos, como los alcaldes de Benferri y Daya Nueva, miembros del equipo de gobierno de Almoradí y del grupo municipal socialista de Orihuela.
Dos de los miembros fundadores de la plataforma, el ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Andrés Hernández Ros, y el ex diputado nacional Juan Ramón Calero Rodríguez, explicaron a los presentes el origen de la iniciativa popular, y arrancaron de los presentes el compromiso de la creación de una comisión comarcal dentro de la plataforma, que coordinará la EPSO, y que se encargará de promover la recogida de firmas desde diversos estamentos en la Vega Baja.
«La defensa del trasvase es importante para todo el suroeste español», señaló Calero, que explicó que su derogación en el 2015, tal y como propone el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, tendría «consecuencias catastróficas para todos, a nivel económico y también demográfico, ya que la falta de agua podría hacer que la población se reduzca hasta casi la mitad, según algunos estudios».
El ex diputado por el PP indicó que todo el país, al margen de ideas de izquierda o de derecha, participó en el diseño y la construcción del Trasvase Tajo-Segura, destacó el hecho de que esta fusión de ideologías también esté ahora presente en la plataforma, y pidió que la política no sea cortapisa para defender los derechos de los ciudadanos del levante español.
La proposición de ley por iniciativa popular que proponen se basa en dos puntos, dijo Calero. Por un lado, en el reconocimiento de que el Estado tiene la competencia exclusiva en cuanto a la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma, como es el caso de los ríos Tajo y Segura, «lo que le permite hacer efectivo el principio de solidaridad entre las regiones».
Modificación Por otro, la modificación de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, para que sólo pueda negarse el trasvase de agua del Tajo al Segura «cuando el conjunto de los embalses de Entrepeñas y Buendía no supere los 240 hectómetros cúbicos».
La recogida de firmas para sacarla adelante tiene como fecha límite el 29 de enero, fecha en la que, si consiguen un mínimo de 500.000, mandarán los pliegos obtenidos a la Junta Electoral Central, en Madrid, que comprobará su veracidad y los trasladará, a su vez, al Congreso de los Diputados, que tiene la obligación de establecer una fecha para que un representante de la plataforma defienda la propuesta de ley en un Pleno y se debata su aprobación.