El Ministerio de Medio Ambiente comunicó anteayer a la Comisión Europea, a través del comité de seguimiento de las obras del Júcar-Vinalopó que fiscaliza el pago de los 120 millones de fondos Feder, un nuevo cambio, unilateral, del proyecto del trasvase que recorta los caudales que llegarán del río para suplirlos por el agua desalada de la futura planta de Mutxamel. En concreto, de los 80 hm3 previstos a trasvasar desde el polémico Azud de la Marquesa se pasa a 51 hm3 y el resto, 29 hm3, deberán aportarse desde el mar, según la documentación a la que tuvo ayer acceso este periódico. Una decisión tomada, según los regantes alicantinos, en el seno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la que incluso no era consciente el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, y que ha hecho saltar por los aires la negociación que desde hace un año mantenían Consell y Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó con el propio Puxeu para buscar alternativas que mejoraran la calidad del agua: la posibilidad de una segunda toma que permitiera captar agua para consumo urbano y la construcción de una potabilizadora para tratar las aguas que se elevarán desde Cullera.
El recorte de los caudales del Júcar-Vinalopó devuelve las relaciones entre la Junta Central de Usuarios y la mayoría de los ayuntamientos futuros receptores del agua al escenario de 2005, cuando el ministerio, entonces en manos de Cristina Narbona, cambió la toma del agua trasladándola de Cortes de Pallás a Cullera. Una decisión que se completó con la expulsión del proyecto del presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, y que continuó con la comunicación al Consorcio de Aguas de la Marina Baixa (Benidorm) de que los abastecimientos se quedaban fuera del proyecto porque el agua sólo serviría para regar. Se abrió entonces una herida entre agricultores y Medio Ambiente que parecía cicatrizada tras la llegada del nuevo equipo de la ministra Elena Espinosa, pero que ayer volvió a abrirse. Al cambio de toma se une ahora la incorporación al proyecto (300 millones de euros de dinero público para un trasvase que hoy no tiene usuarios) de una desaladora de las del programa aprobado tras la derogación del trasvase del Ebro, cuyo destino inicial era Benidorm.
Los enviados de Bruselas recordaron que la CE exige para pagar su parte de las obras que se garantice la recuperación de los acuíferos, incluido el de la Mancha Oriental, el caudal ecológico para el Júcar, y que llegue agua de sobra a la Albufera de Valencia. Condiciones que, curiosamente, son las mismas que las de hace cinco años cuando no existía la desaladora de Mutxamel. El objetivo es que el agua desalada de la planta sirva para completar el abastecimiento de los municipios de l´Alacantí, incluido Alicante, que hoy están enganchados a los acuíferos del Vinalopó, y una parte pueda servir para atender a Benidorm en casos de urgencia.
La primera piedra del Júcar-Vinalopó se colocó el 14 de noviembre de 2001 con la previsión de que estuviera operativo en marzo de 2007. Dieciocho meses después nadie se atreve a dar una fecha para su apertura y siguen sin aprobarse las normas de explotación.