El Gobierno central mantiene su rechazo al Plan Rabasa por entender que la aprobación definitiva del proyecto urbanístico por parte del Consell a finales de mayo sigue sin contar con el "preceptivo y vinculante" informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la disponibilidad de recursos hídricos para una macroactuación de 13.500 viviendas sobre casi cuatro millones de m2. A requerimiento de la Delegación del Gobierno, la Abogacía del Estado espera a que la resolución de la Conselleria de Urbanismo se publique oficialmente para ampliar y actualizar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad el recurso contencioso-administrativo que ya presentó el pasado 12 de diciembre contra la aprobación inicial del plan por la Comisión Territorial de Urbanismo. "Las objeciones planteadas en su día no han sido subsanadas", confirmó ayer Encarna Llinares, subdelegada del Ejecutivo en Alicante, "por lo que volveremos a pedir la suspensión del plan".
La batalla jurídica que aguarda al controvertido Plan Rabasa se antoja compleja, toda vez que el recurso del Gobierno ante el TSJ vendrá acompañado, al menos, por los del PSPV-PSOE, EU y la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC). En los dos primeros casos, el Ejecutivo y los socialistas siguen los pasos jurídicos que ya han dado en contra del plan urbanístico "Nou Mil-leni", de Catarroja, paralizado por el TSJ tras admitir sendos recursos por la inexistencia de recursos hídricos y por un crecimiento masivo en la oferta de viviendas.
En el caso del Plan Rabasa, los argumentos del Gobierno volverán a rechazar que la disponibilidad de los 5,5 hm3 anuales que necesitará la futura urbanización se justifique con un informe de Aguas Municipalizadas, basado en su acuerdo con la empresa estatal Acuamed para disponer de recursos de la desalinizadora de Mutxamel cuyas obras acaban de ponerse en marcha. El citado acuerdo, firmado en julio de 2006, contempla que de la capacidad total de la desaladora, Aguas Municipalizadas recibirá 10,5 hm3 al año y 15 hm3 anuales a partir de 2015.
La Abogacía del Estado desacredita el dictamen de Aguas Municipalizadas sobre disponibilidad de recursos hídricos y subraya, de acuerdo con la legislación estatal y autonómica y con la jurisprudencia, que "el único informe relevante, desde los puntos de vista legal y racional, es el de la Confederación Hidrográfica del Júcar", que ya se pronunció en contra. En esta línea, el Gobierno argumenta que la aprobación del plan ignora las competencias propias del Estado en la ordenación del dominio público hidráulico al obviarse el informe de la CHJ y que "no hay disponibilidad de aguas para satisfacer el incremento de uso derivado del desarrollo poblacional" que supone la actuación.
Además del "vicio de legalidad" y de la "labor omisiva y obstructiva de la conselleria", el Estado argumenta que el convenio entre Aguas y Acuamed no precisa la asignación de los caudales que corresponden a los tres municipios beneficiarios -Alicante, Sant Joan y Sant Vicent del Raspeig-, "por lo que no es posible determinar qué demandas va a atender" en el término municipal de la capital.