El Congreso de los Diputados instó ayer al Gobierno a que suspenda cautelarmente la concesión de nuevas centrales hidroeléctricas en la cuenca Miño-Sil. La comisión de Medio Ambiente aprobó por unanimidad una proposición no de ley de la diputada del BNG Olaia Fernández, en la que se reclama al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que paralice los proyectos, para dar prioridad a la realización de estudios que evalúen sus impactos medioambientales y sociales.
La proposición no de ley del Bloque fue negociada con los demás grupos, que se sumaron finalmente a la iniciativa después de negociar sus enmiendas, a pesar de las reticencias iniciales del Grupo Socialista. Finalmente, se cambió la propuesta de Olaia Fernández de "paralizar" las centrales por la de "suspenderlas cautelarmente", en tanto se finalizan los estudios de impacto ambiental y social.
La resolución aprobada insta al ministerio que dirige Elena Espinosa a proseguir los expedientes de caducidad sobre las concesiones de aprovechamiento hidroeléctrico, así como a revisar la situación jurídica de los títulos de concesión que amparan este tipo de actividades. La revisión se deberá basar en el grado de cumplimiento de "los condicionantes y características de otorgamiento", con la adopción de las medidas oportunas para "la extinción de aquellos que se encuentren en situación de irregularidad".
La iniciativa se basa en otra proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en septiembre. La diputada del BNG Olaia Fernández defendió la paralización ante la elevada presión que soporta la cuenca hidrográfica Miño-Sil, en la que se emplazan 77 centrales eléctricas, de las que más del 80% se sitúan en territorio gallego y una gran parte son embalses. "Estamos hablando de una cuenca que ya sufre un enorme impacto medioambiental, paisajístico y también cultural", alertó la diputada, que recordó que a los aprovechamientos ya existentes hay que sumar la petición de nuevos embalses, que ya se están tramitando y cuya autorización final corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente.
Olaia Fernández citó el caso de tres minicentrales en el ayuntamiento de Arbo, en donde la pesca fluvial tiene "un gran peso" y se vería afectada por los proyectos, alertó. La diputada aseguró no entender que Galicia "exporte electricidad y tenga tanta necesidad de hacer infraestructuras hidroeléctricas".
Según la información remitida por el Gobierno al Congreso, en Lugo se presentaron 62 solicitudes, de las que 14 se denegaron y 17 están en trámite. En Ourense, con 109 solicitudes, las autorizaciones son 32, con 60 denegaciones y 17 en fase de tramitación. En Pontevedra, por último, hay 17 expedientes abiertos, con cinco concedidos, 11 denegados y uno en trámite.
La diputada del PP Olga Iglesias defendió que los estudios de impacto reclamados al ministerio tengan en cuenta no sólo los embalses y centrales existentes, sino todos aquellos que estén en proyecto o en otra fase de ejecución. Iglesias aseguró que su grupo aspira a que el Congreso establezca un plazo para los estudios demandados, e indicó que deberán buscar siempre "un beneficio equitativo para Galicia e incluir un análisis coste-beneficio serio y riguroso". Para el Partido Popular, es el momento de realizar una reflexión "profunda e integral" sobre el futuro de los aprovechamientos.