Una veintena de colectivos sociales, la mayoría de los que en su día respaldaron el Acuerdo Andaluz del Agua, han presentado alegaciones al anteproyecto de la futura Ley de Aguas, que el Gobierno autonómico quiere aprobar antes del final de este año. Las discrepancias mayores proceden de la Federación de Regantes Feragua, que considera que el texto vulnera la legislación nacional al desaparecer el principio de unidad de cuenca y por la asimilación entre consumidor y usuario de agua.
Además, la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, teme que la modificación del actual canon de regulación y la creación de un nuevo canon de servicios generales puede representar "un coladero para aumentar las cargas impositivas del regadío y acabar de lastrar su futuro". También recela del banco público del agua por entender que "abre la puerta a que los ahorros conseguidos por la modernización del regadío se empleen en nuevos usos en lugar de en aumentar la garantía de agua para todos los usuarios".
Feragua ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente más tiempo para intentar consensuar el anteproyecto de esta ley. "Será una ley de gran repercusión, no sólo para el regadío, sino para muchos sectores por lo que hay que tomárselo sin pausa, pero sin prisas, sin abocarnos a una carrera loca que nos lleve a una ley defectuosa y sin el respaldo de todos los agentes implicados", manifestó Bustamante. La otra federación de regantes, Areda, sí que apoya el banco público del agua, por permitir los intercambios de derechos entre usuarios de distintos usos (agricultura e industrial, por ejemplo). Areda ha alegado por cuestiones técnicas de menor importancia.
Por su parte, la organización agraria Asaja ha presentado alegaciones a 18 de los 99 artículos del anteproyecto referentes al régimen económico y financiero, banco público del agua, servidumbres, concesiones, aguas subterráneas y régimen sancionador. En esta línea, el director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, ha negado que la futura Ley de Aguas conlleve una multiplicación del precio del agua en la comunidad, tal y como ha denunciado el PP. "El futuro canon tendrá una repercusión mínima en las familias", sostiene Palop, que destaca que habrá exenciones para las unidades familiares con menos capacidad económica.
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a 25 artículos por considerar que "no refleja el control de la demanda de agua ni precisa la preferencia de usos; no recoge medidas para controlar las extracciones ilegales y tampoco hay control de las aguas subterráneas".