Las indemnizaciones al sector agrario de la cuenca hidrográfica del Segura derivadas de una posible caducidad del trasvase Tajo-Segura ascenderían a 10.000 millones de euros, según recoge un estudio de la Universidad de Alicante, que, además, alerta de los riesgos de desertización y salinización de los suelos.
A los 10.000 millones de euros, de los que 3.500 corresponderían a la provincia de Alicante, habría que sumar la responsabilidad patrimonial del Estado sobre el resto de sectores económicos y el lucro cesante derivado de la paralización del trasvase.

Esta cuantía económica es una de las conclusiones recogidas en el estudio “El trasvase Tajo-Segura: repercusiones económicas, sociales y ambientales en la provincia de Alicante”, elaborado por el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales.

Su coordinador, Joaquín Melgarejo, afirmó ayer en rueda de prensa que existe “la responsabilidad del Estado” en caso de amortización o reducción del trasvase, ya que los afectados “podrán exigir las indemnizaciones correspondientes, pudiendo reclamar en su caso su reconocimiento en vía jurisdiccional”.

A su juicio, el Estado, mediante Ley, orgánica u ordinaria, puede decidir sobre la continuidad del trasvase, “pero si lo hace, no puede atribuir competencias de ordenación y gestión a entes que no la tienen, como son las comunidades autónomas”.

Melgarejo, que ha estado acompañado por el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, José Ramón García Antón, ha afirmado que el estatuto de Castilla-La Mancha incorpora unas medidas “que no se ajustan a la Constitución por exceder la función constitucional que incumbe a los estatutos de autonomía, así como por invasión de las competencias que corresponden al Estado en materia de agua”.
“Es un texto que excede el criterio legal de cuenca hidrográfica”, indica el informe, en el que se señala que, “entre las novedades de dudosa constitucionalidad, figura la previsión de establecimiento y disposición efectiva de reservas hídricas por parte de la Junta”, así como la previsión de la elaboración de informes preceptivos para la adjudicación de concesiones.

Al respecto, García Antón ha afirmado que el estatuto de Castilla-La Mancha, “si llegara a reflejar estas condiciones de caducidad o que impliquen modificar la gestión del trasvase, estaría entrando en un ámbito de inconstitucionalidad”.

Por ello, el conseller ha anunciado que, si se aprobara en estas condiciones, “iríamos a un recurso de inconstitucionalidad”.