La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, explicó hoy ante el Pleno del Parlamento las principales líneas de actuación del Acuerdo Andaluz por el Agua y la gestión y planificación de la política hidráulica, una iniciativa que, según apuntó, favorecerá la creación de empleo y la actividad productiva de Andalucía, sobre todo, en el medio rural, gracias a las inversiones en obras de modernización de regadíos, saneamiento, depuración o conducciones que el Ejecutivo va a llevar a cabo.

Resaltó que el documento es fruto del debate y del consenso entre todos los colectivos, territorios y grupos de interés que giran en torno al agua, apuntando que el acuerdo suscrito el pasado día 3 entre el Gobierno andaluz y los principales agentes socioeconómicos, recoge los principales objetivos de la futura ley autonómica sobre esta materia, que se prevé aprobar a lo largo de esta legislatura.

El documento acordado, según agregó, incluye 97 medidas que giran en torno a cinco ideas fundamentales, como son una gestión comprometida con las generaciones futuras; un uso sostenible y con garantía del agua; una administración hidráulica más moderna y eficaz; una participación activa de la sociedad, y un nuevo régimen económico y financiero para uso responsable del recurso.

Castillo explicó que como objetivo general, el documento defiende la necesidad de aprovechar la incorporación de la Junta a la gestión de la parte andaluza de la cuenca del Guadalquivir para impulsar una política de aguas que permita compatibilizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la buena calidad ambiental de los ecosistemas asociados y el desarrollo social y económico de la comunidad.

La consejera hizo hincapié en que el texto fija el horizonte del año 2015 para completar el proceso de modernización de toda la superficie regable de Andalucía, así como en la creación del Banco Público del Agua, herramienta que se definirá en la futura ley autonómica y que permitirá adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlo en otros usos, siempre con prioridad para atender demandas de interés general y situaciones de sequía.

Otras previsiones que recoge el documento, según Castillo, son la delimitación de las zonas inundables en un plazo de cuatro años; la gestión homogénea de las aguas subterráneas y superficiales para garantizar la unidad del ciclo hidráulico, y la creación del Observatorio Público del Agua, organismo pionero en España y con sede futura en Málaga, que permitirá establecer estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios.

Castillo agregó que el documento apuesta además por abordar una modernización del régimen económico y financiero del agua para garantizar los principios de equidad, eficiencia, calidad, responsabilidad medioambiental y transparencia, así como para incorporar el criterio de recuperación de costes, previsto en la legislación comunitaria. Para ello, según apuntó, todos los usuarios deberán contribuir a la financiación de los gastos de la gestión del agua de forma equitativa y proporcional a los servicios recibidos, con fórmulas como la facturación por consumo en lugar de por superficie.

Asimismo, señaló que el acuerdo perfila una administración hidráulica más eficiente, moderna y ágil en las respuestas que debe dar a la ciudadana.

Por su parte, la diputada del PP Carolina González Vigo criticó que el PSOE y la Junta llevan trece años prometiendo lo mismo en relación con el agua y que han votado siempre "en contra de las sucesivas propuestas del PP planteando un Pacto por el Agua", lo que le llevó a denunciar la "manipulación y la utilización partidista que de la palabra acuerdo y pacto hace siempre el PSOE" porque sólo vale cuando él lo plantea.

Lamentó que no se contara con las fuerzas políticas en la firma del acuerdo del 3 de febrero y auguró que el mismo será un "éxito" si realmente se compromete con medidas eficaces, planes e infraestructuras, mientras que será un "fracaso" si sólo persigue "mejorar la imagen de un desgastado (Manuel) Chaves o la autocomplacencia del Gobierno a la hora de afrontar retos medioambientales".

Quiso dejar claro que el PP dirá sí a un Pacto por el Agua que conlleve respeto al ciudadano y solidaridad entre territorios; una gestión eficaz y sostenible, con planificación y proyectos de inversiones, y el respeto al marco competencial establecido (descentralización, cercanía y municipalismo en la gestión). "Si esas son las bases del acuerdo, ahí contarán con el PP", señaló González Vigo, que advirtió de que si lo que se pretende es la subida del precio del agua o atentar contra la autonomía municipal, el PP estará "enfrente" y se planteará incluso presentar un recurso en los tribunales.

El diputado de IULV-CA José Antonio Castro abogó por articular un amplio y ambicioso pacto que pase del viejo modelo a uno nuevo en la gestión del agua y que, al mismo tiempo, cuente con un presupuesto propio. También demandó un plan de inversión plurianual hasta 2015 y más medidas y de mayor calado de gestión de la demanda. Dijo que para incorporar a todos al pacto hay que acabar con la "contradicción que presenta el mismo en cuanto al factor agua como limitación del desarrollo". Abogó también por comparecencias en el Parlamento del Consejo Andaluz del Agua.