Archiva la denuncia del Gobierno de Castilla La Mancha contra la Confederación del Segura por los sondeos para paliar la sequía El Ministerio Fiscal sostiene que no hay un trasvase encubierto


El Gobierno de Castilla La Mancha ha perdido la guerra sobre la apertura y explotación de los pozos de Hellín puesto que el fiscal jefe de Albacete ha archivado la denuncia que presentó el Ejecutivo de José María Barreda contra los sondeos que realizó la Confederación Hidrográfica del Segura para paliar la sequía de los últimos años. El fiscal considera que no ha existido un trasvase encubierto de agua de Albacete a Murcia y que no se han cometido los delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y de desobediencia que denunciaron los Servicios Jurídicos de Castilla La Mancha.
El fiscal jefe Gil Navarro Ródenas estima que los informes técnicos aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) «desvirtúan» los indicios delictivos que el propio Ministerio Fiscal apreció el pasado verano, cuando se puso la denuncia. En aquella ocasión el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, sobre la base de la denuncia, instó a la CHS a que cerrara temporalmente los sondeos y extracciones al considerar que se estaba produciendo de forma encubierta «un trasvase de aguas subterráneas de la provincia de Albacete con destino desconocido». Añadió que los sondeos realizados por la Confederación Hidrográfica para hacer frente a la sequía «eran arbitrarios» aunque tuvieran cobertura legal.
Este fiscal hizo suyas la posición del Gobierno castellano manchego de que se estaba atentando contra el medio ambiente sobreexplotando los acuíferos de la zona, así como trasvasando aguas a la cuenca del Segura de forma ilegal y sin la preceptiva declaración de impacto ambiental. El perjuicio medio ambiental afectaría a varios ecosistemas de la Sierra de Alcaraz, Cañones del Segura, Pitón de Cancarix y Saladar de Agramón, entre otros.
Ajustado a la ley
Ese aparente expolio, según el fiscal jefe, no se ha producido, entre otros motivos porque la zona donde se realizaron los sondeos está dentro de la Demarcación del Segura, donde rige la unidad de gestión de todos los recursos englobados en una misma cuenca.
Los pozos de la discordia se abrieron al amparo del decreto de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno de la Nación para combatir la sequía. Cuando se puso la denuncia, en junio del año pasado, la Confederación tenía en explotación 11 pozos en la comarca de Hellín, y preveía ampliarlos hasta 31 para extraer unos 35 hecómetros cúbicos, según argumentó el Ejecutivo de Barreda.
El fiscal jefe de Albacete ha precisado que la Confederación del Segura tenía «una cobertura legal extensa» para abrir los pozos debido al real decreto del Ministerio de Medio Ambiente del año 2005 para aplicar medidas excepcionales, que ha ido prorrogando en años sucesivos. Entiende que es el Ministerio de Medio Ambiente el que ha autorizado a la Confederación para abrir los sondeos de forma provisional y satisfacer las necesidades más perentorias.
Sostiene asimismo que «no estamos ante un trasvase, ya que la cuenca del Segura tienen un carácter intercomunitario» y afecta a varias comunidades, entre ellas la de Castilla La Mancha. Concluye que no hay delito contra el medio ambiente ni sobre explotación de recursos hídricos porque los acuíferos han recuperado sus niveles. «Los volúmenes de agua subterráneas bombeados por la CHS representa una mínima parte de los recursios renovables que anualmente recargan dichos acuíferos», apunta el fiscal.