Hasta que el Gobierno no garantice que prorrogará el decreto de sequía, los regantes del trasvase Tajo-Segura ni se plantean volver a realizar otra operación de compra de caudales a la comunidad de regantes de la localidad madrileña de Estremera.
Así lo aseguró el presidente de la Comunidad de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Manuel Serrano Richarte, quien recordó que sin las exenciones fiscales en las tasas del agua que lleva aparejado este decreto, los precios se disparan hasta cotas «absolutamente inviables».
Aunque las reservas hídricas y el estado general de la cuenca del Segura han mejorado ligeramente respecto al año anterior, la alerta por la sequía se mantiene, con lo que a priori no debería de haber ningún inconveniente para que el Gobierno prorrogara el decreto.
Las lluvias de este año hidrológico han dado un respiro, pero no han sido tan abundantes como en la cuenca del Júcar, donde la Confederación Hidrográfica ha podido levantar la alerta para decretar la prealerta y no se descarta que a partir de marzo se recupere la situación de normalidad. Pero aun en el supuesto de que se mantuviera el decreto, Serrano Richarte tampoco da por hecho el acuerdo con los regantes madrileños, a diferencia de lo que ha sucedido en los dos últimos años, cuando la renovación del acuerdo se limitaba a aplicar la subida del IPC a la tarifa, que estos años se ha situado en torno a los 20 céntimos de euro por metro cúbico. «Desde luego que la exención fiscal haría posible que pudiéramos prorrogar el acuerdo, pero tendríamos que sentarnos a hablar», señala.
En los últimos años se han cerrado hasta tres operaciones de compra de caudales de aproximadamente 31 hectómetros cúbicos cada una.