La Consejería de Medio Ambiente ha decidido como una de las primeras medidas a adoptar tras el traspaso de la gestión de las aguas del Guadalquivir ordenar la elaboración de un decreto autonómico que permita mantener sobre el conjunto de la cuenca las medidas de control excepcionales adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 ante el actual periodo de sequía, que ya se alarga durante cuatro años.



El Bolentín Oficial de la Junta recogió ayer una resolución en la que se ordena la publicación de este decreto autonómico, lo que permitirá su entrada en vigor dentro de 15 días, cuando la Agencia del Agua tenga definitivamente el control de las aguas andaluzas del Guadalquivir. El texto andaluz, que fue aprobado por el Consejo del Agua en su última reunión, mantiene prácticamente las mismas medidas adoptadas hace tres años por el Gobierno central para la gestión de los recursos hídricos del río en tiempos de sequía propiciando así un uso más eficiente de los recursos. Entre estas decisiones se encuentra modificar las condiciones de utilización del dominio público y de los criterios para la asignación de recursos, reducir dotaciones y agilizar la licitación de las obras en el periodo de emergencia.



La Cuenca del Guadalquivir almacena actualmente 2.523 hectómetros cúbicos, un 34,22% de su capacidad de embalse. Esto supone la mitad del agua con la que se contaba en enero de 2005. Aunque en el conjunto de la cuenca las reservas se sitúan por debajo de las de hace un año, sí se mantienen prácticamente al mismo nivel que en 2007 el régimen general, sistema del que depende la mayor parte del consumo, especialmente el regadío.



El Consejo de Gobierno, que ayer se reunió excepcionalmente en el Parlamento, aprobó la asignación a la Agencia Andaluza del Agua de las funciones, medios, servicios y personal de la CHG que en los próximos días pasarán a depender de la administración autonómica. Así, la Agencia contará el día 2 de enero con 730 nuevos trabajadores, 481 de ellos pertenecientes al personal laboral y 249 funcionarios. Los sindicatos consideraron ayer que el traspaso no reportará mayor problema tras las negociaciones mantenidas en los últimos meses con la Junta de Andalucía. Macarena Arribas, de UGT, destacó que todos estos trabajadores verán una mejora en sus nóminas una vez pasen a la administración autonómica, ya que sus condiciones retributivas son mejores que las de la Administración del Estado.



El acuerdo adoptado ayer por el Gobierno andaluz supone que la Agencia del Agua, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, incremente su patrimonio con 53 embalses, 115 centrales hidroeléctricas, 94 depósitos, 66 estaciones de bombeo, 290 vehículos, 456 viviendas, 45 centros de transformación, tres helipuertos y 175 edificaciones destinadas a oficinas, almacenes y talleres. Entre estas edificaciones se encuentra la sede de la CHG en el edificio de la Plaza de España sevillana.