El sistema Ter-Llobregat ha vuelto a la
situación de normalidad en el decreto de sequía de la Generalitat,
al contar los embalses de esta cuenca con un 72% de reservas de agua
y tras el episodio de sequía que se ha vivido en Cataluña el último
año y medio.


Así lo ha aprobado hoy el Consell Executiu, que ha decidido que
el decreto de sequía siga vigente en el nivel de excepcionalidad dos
en la cuenca de la Muga, que cuenta con un 22% de reserva de agua, y
en el nivel uno en la del Cap de Creus y Costa Norte.


A pesar de esta excepcionalidad en la Muga, el gobierno catalán
ha asegurado hoy el abastecimiento doméstico a los 100.000
habitantes que reciben agua de esta cuenca gracias a las reservas
existentes en el embalse de Boadella (22,11% de su capacidad).


Otras actuaciones de emergencia desarrolladas hasta ahora, como
la perforación de pozos en Pont de Molins y la recuperación de
captaciones en desuso en varios municipios de esta zona (La Vajol,
Masarac y Vilamaniscle), permiten garantizar el abastecimiento de
agua de boca.


Por el contrario, el ejecutivo no ha mencionado hoy qué pasará
con el riego a los cultivos de la zona a pesar de las alertas
lanzadas desde la organización agraria Unió de Pagesos, que ha
denunciado que la situación es crítica para los agricultores
gerundenses que se abastecen de la Muga.


Si en los próximos meses continúa esta tendencia y en el caso de
no registrarse lluvias destacables en la cabecera de la Muga, esta
cuenca podría entrar en situación de emergencia durante la primavera
del próximo 2009, indica el gobierno catalán.


La situación es totalmente diferente en los embalses del sistema
Ter-Llobregat, que vuelven a la normalidad, con una media del 72% en
su capacidad hídrica.


Según datos de la Agencia Catalana del Agua, el pantano que está
más lleno actualmente es el de La Baells, con el 97,03%, seguido del
de La Llosa del Cavall (84,56%), Susqueda (71,63%), Sant Ponç
(66,49%) y, por último, Sau (53,38%), uno de los que cuentan con
mayor capacidad para almacenar agua.


Las lluvias de la pasada primavera y del otoño han permitido,
según el gobierno, el cambio radical en la situación de sequía que
se vivía hace un año y medio en Cataluña y que obligó a la
aprobación de un decreto sobre sequía para intentar ahorrar agua en
aspectos no esenciales de la vida cotidiana como fuentes
ornamentales y piscinas.


Esta situación creó una agria polémica entre autoridades y
vecinos de Barcelona y Tarragona, que rechazaron la posibilidad de
un trasvase de agua del río Ebro a la capital catalana a pesar de la
situación de excepcionalidad que vivían los barceloneses.


El grave episodio de sequía ha costado al gobierno de la
Generalitat cerca de 490 millones de euros en obras y actuaciones
destinadas a paliar la escasez hídrica y garantizar el suministro de
agua en toda la comunidad, especialmente en el área metropolitana de
Barcelona, según datos del ejecutivo catalán.


El conjunto de actuaciones más costoso -388,9 millones de euros-
ha sido el de las medidas estructurales, como la ampliación de la
desalinizadora de Tordera (Barcelona), las mejoras en los sistemas
de saneamiento de aguas residuales urbanas, la construcción de
nuevas estaciones potabilizadoras de agua o la interconexión de los
sistemas Tordera y Ter.


Se gastaron, además, 17,7 millones de euros en el traslado de
agua en barcos hasta Barcelona.


Para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro, el
ejecutivo de José Montilla ha previsto comenzar el próximo año los
trámites para desarrollar un Plan de Gestión de Sequías que recoja
la nueva realidad de las infraestructuras hidráulicas existentes en
Cataluña, preparadas para abastecer a una población que se ha
incrementado en más de un millón de personas en menos de diez años.