El texto definitivo del Acuerdo Andaluz por el Agua, el nuevo marco de gestión de los recursos hídricos de Andalucía a raíz de la asunción de las competencias sobre el río Guadalquivir, será ratificado mañana por la Junta de Andalucía y los agentes socioeconómicos implicados en la gestión del recurso durante el transcurso de la reunión del Consejo Andaluz del Agua.

Así, lo confirmó hoy a Europa Press la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, quien aseguró que la de mañana será la "reunión definitiva, donde tendremos la oportunidad de firmar el documento que dará lugar al gran pacto andaluz por el agua". Posteriormente y antes de que finalice el año, este texto pasará al Consejo de Gobierno para su aprobación, con el objetivo de que la futura Ley del Agua de Andalucía inicie su tramitación parlamentaria el próximo año 2009.

De este modo, la consejera destacó que "uno de los grandes avances" que traerá el acuerdo será la tarificación del consumo para uso agrícola "por metro cúbico y no por superficie de cultivo, como se viene haciendo hasta el momento, con lo que a los agricultores se les va a cobrar únicamente en función de lo que consuman".

El Acuerdo Andaluz por el Agua, en el cual vienen trabajando en los últimos meses asociaciones de consumidores y de vecinos, organizaciones agrarias, sindicatos, empresarios y el sector energético entre otros agentes, pretende establecer un régimen económico y financiero "equitativo" sobre el agua, así como favorecer que todos los usos del agua tengan la garantía adecuada, avanzando en la gestión sostenible y comprometida con las generaciones futuras.

Para ello, este acuerdo, que se concreta en 97 puntos, contemplará varias medidas como la creación de un Observatorio Público del Agua --un órgano de control en régimen de participación--, nuevas infraestructuras de utilización de aguas superficiales y subterráneas que garanticen el abastecimiento en términos de calidad de la población, la modernización de los regadíos, la articulación de planes especiales de sequía o la estructuración de un sistema "homogéneo" de tarifas en toda Andalucía.

CANON PARA USO URBANO

Alumbrará, asimismo, un nuevo régimen económico y financiero que permita alcanzar los objetivos de la Directiva Marco de Agua (DMA) y que comprenderá el establecimiento de un "canon de infraestructuras urbana del agua", mediante el cual los beneficiarios del ámbito urbano contribuirán a la recuperación de inversiones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Este canon tendrá carácter "progresivo" en el caso del uso doméstico, implantándose en un periodo de cinco año e impidiendo la doble imposición a los usuarios que ya contribuyen a las inversiones mediante el pago del canon de mejora. No obstante, al objeto de garantizar los servicios básicos de suministro de agua, la Ley establecerá el régimen de exenciones por causas extraordinarias.

En este sentido, según recoge el documento, se arbitrarán acuerdos con entidades financieras, especialmente cajas de ahorro andaluzas, al objeto de facilitar el acceso de los usuarios a créditos que permitan realizar inversiones que mejoren la eficiencia en redes domésticas, con "especial consideración a la sustitución de contadores comunitarios por individuales".

Dado el carácter participativo del que se ha revestido este pacto, han sido numerosas las aportaciones y objeciones que han realizado los distintos colectivos al texto. Así, las organizaciones ecologistas se mostraron partidarias de la inclusión de un canon de fiscalidad ecológica para la agricultura, pues en su opinión, "en Andalucía, la agricultura necesita del empleo de una gran cantidad de sustancias químicas que van a parar a las aguas sin que los agricultores se responsabilicen de ello".

Esta propuesta fue respaldad en su día por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cuyo presidente, Francisco Tapia, indicó que "si queremos mantener los servicios y hacer una gestión eficaz y rentable del agua, las tasas deben de extenderse a todos los usos y posibles orígenes, incluido el agrícola".

Sin embargo, la Asociación de Regantes de Andalucía (Feragua) pidió el mantenimiento del actual régimen económico-financiero del agua de regadío y exigió el respeto de los derechos de concesiones a las aguas subterráneas de carácter privado y a los sistemas de explotación existentes".

Por su parte, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA) mostró su "rechazo" a la imposición de un canon de saneamiento y depuración sobre el recibo del consumidor, asegurando que el establecimiento de la citada tasa puede significar una subida en el recibo del agua de "hasta un 120 o 130 por ciento en algunas zonas de la región". Asimismo, demandó la "socialización" de este canon, es decir, que una parte de la ciudadanía quede exenta de su pago por motivos de renta.

Igualmente se pronunció la Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A), quien solicitó que las medidas contributivas se apliquen "equitativamente, de manera proporcional y simultánea a todos los usos". Así, señalaron que "igual que los usos rentistas del agua han exigido financiación pública para la modernización de sus explotaciones, los suministros domésticos deberían de contar con planes o fórmulas de ayuda a la financiación".