El 17% de la población mundial no tiene acceso a agua potable. La mitad de los ciudadanos de los cinco continentes sufre el llamado estrés del agua (problemas derivados de su escasez temporal o falta de salubridad) y como consecuencia de todo ello, un tercio de la población carece de servicios básicos relacionados con el suministro de agua.
Éstas y otras realidades están presentes cada vez que se aborda el problema de cómo garantizar el abastecimiento a todos los ciudadanos. Uno de los últimos encuentros celebrados en Madrid, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos consiguió reunir a empresas, expertos, científicos y constructoras, todos con intereses distintos y opiniones a veces encontradas. Sin embargo, lograron superar esas desavenencias y enumerar toda una serie de iniciativas, valientes y arriesgadas en algunos casos, encaminadas no sólo a mejorar los suministros, sino también a cambiar de una vez por todas principios o dogmas que han enturbiado con demasiada frecuencia el debate del agua. "El agua no es de ningún pueblo, el agua es de todos y eso debería quedar claro de una vez por todas para que deje de utilizarse con tintes políticos", comentó José de Castro, gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos. Por ello, urgió a una reconsideración del sistema de competencias actual y que el Estado recupere el protagonismo del pasado. "El objetivo debe ser siempre dar un buen servicio al mejor precio posible y que cada usuario del agua pague una tarifa dentro de sus posibilidades, por lo que debe desterrarse de una vez para siempre la disyuntiva entre gestión pública o privada. Mejor diferenciar entre gestión buena y gestión mala", añadió De Castro. En este sentido, todos los participantes en dicha jornada apostaron por que se recuperen todos los costes que supone el tratamiento, transporte y suministro de agua. "La gratuidad implica derroche", concluyeron. Hasta aquí hubo consenso, pero llegado el punto relativo a qué infraestructuras construir, surgió la polémica. Hay quienes defienden la idoneidad de tener en cuenta los estudios que alertan sobre los efectos del cambio climático y la responsabilidad del hombre en la transformación del entorno. Y luego persiste una comunidad bastante numerosa que sostiene que en esta cuestión los datos disponibles no son lo suficientemente fiables. José Enrique Ocejo, presidente del Comité Mundial de los Derechos del Agua, se mostró partidario de elaborar un plan de infraestructuras hidráulicas que promueva un acceso al agua no discriminatorio y que se entienda el derecho al agua como un derecho humano. Por su parte, desde el Comité Nacional de Grandes Presas se defendió la necesidad de incrementar el número de estos equipamientos, pero no como única solución para asegurar el abastecimiento. Precisamente ayer este organismo clausuró en Córdoba unas jornadas en las que participaron más de 500 expertos. Entre las conclusiones allí acordadas, destaca que España necesita en la actualidad poner en marcha la construcción de 50 nuevas presas, con el fin de alcanzar una gestión sostenible en la que primen la innovación y el desarrollo tecnológico de estas infraestructuras. El presidente de este comité, José Polimón, defendió la mejora de estas instalaciones para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente de cara a paliar los efectos del cambio climático. Actualmente existen 30 presas en construcción en España, que movilizan una inversión de 1.535 millones de euros y tienen previsto atender el suministro de 1,5 millones de personas. Los participantes en este foro advirtieron que en los próximos tres o cuatro años habrá que cambiar el modelo de gestión para proteger el abastecimiento a personas y bienes, así como al ecosistema fluvial. También, coincidieron en la necesidad de unificar la reglamentación de la seguridad de presas, embalses y balsas y delimitar las competencias que deben tener cada una de las diferentes administraciones públicas en materia de seguridad. "Todas las ideas y todos los esfuerzos son valiosos", concluyeron.
l La desaladora de Carboneras (Almería) ha sido galardonada con el Premio Asica 2008 a la mejor obra por la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía. Produce 120.000 metros cúbicos de agua al día para regar 8.000 hectáreas o abastecer una ciudad de 500.000 habitantes.

Denuncias por vertidos en más de 400 pueblos.
La Comisión Europea amenazó ayer a España con emprender acciones legales por incumplir las normas comunitarias de tratamiento de las aguas residuales en más de 400 pueblos y ciudades, así como por el proyecto de explotar una mina de carbón en un espacio protegido por la Red Natura 2000 en Castilla y León. El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, afirmó que "en un Estado miembro donde el agua es un recurso valioso y escaso, un alto número de pueblos y ciudades vierten aguas residuales que no han sido correctamente tratadas en ríos y mares, incluso en áreas sensibles". Si España no responde satisfactoriamente a estos requerimientos en un plazo de dos meses, la Comisión puede decidir llevar ambos casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El inicio de un proceso sancionador no sólo puede acarrear el pago de multas, sino también la pérdida de fondos comunitarios.
Fijar un precio justo para el agua es otra de las asignaturas pendientes