Coincidiendo con el anuncio, por parte del portavoz del PSOE en el Congreso, de una iniciativa política para crear una subcomisión que estudie un nuevo modelo para la gestión del agua en España, se ha puesto en marcha en la Universitat de València un seminario con un largo y sugerente título: La gestión del agua en España: culturas, tradiciones y políticas. Diálogos posibles.
La coincidencia es meramente anecdótica pero no lo son en absoluto ambas iniciativas, ya que en su quinto año de mandato, el Gobierno de Zapatero parece reconocer por fin la necesidad de fijar, en palabras de su portavoz, «una política de Estado, bien consensuada, que supere las discusiones partidistas y territoriales», en tanto que por parte de nuestra Universitat y del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local que promueve el seminario, se viene trabajando en el tema del agua desde hace mucho tiempo y desde todas las perspectivas académicamente posibles, por la sencilla razón de que se trata de una cuestión crucial para la supervivencia del territorio valenciano y de la sociedad que en él se asienta.
Aunque la iniciativa del Grupo Socialista no pasa por el momento del plano de las buenas intenciones, significa, no obstante, un cambio en el rumbo tomado sobre la política del agua hace cinco años, cuando se procedió, como primera medida del nuevo Gobierno socialista a la derogación del trasvase del Ebro y del Plan Hidrológico Nacional elaborado por anteriores Gobiernos, tanto populares como socialistas. La construcción de desalinizadoras, a pesar de su urgente necesidad en algunos ámbitos territoriales, de ningún modo puede considerarse una alternativa a los referidos trasvase y plan, y la experiencia acumulada en estos últimos cuatro años ha servido para mostrar que en la España de las autonomías, con una estructura político-territorial casi federal, la ambigua y a la vez radical política del agua del primer Gobierno socialista, llevaba camino de desencadenar un enfrentamiento entre las comunidades autónomas afectadas que impedía una mínimamente racional planificación hidrológica en España.
La cuestión clave que conviene acotar ahora es la que se refiere a lo que se entiende por excedentes de agua en las cuencas que se caracterizan por disfrutar, o padecer según los casos y las épocas del año, sobrantes de agua. Por mucho que se empeñen los políticos en arrogarse competencias de conocimientos que no tienen por una simple razón de trayectoria profesional, deben ser las personas que vienen dedicando todas sus competencias investigadoras, gestoras y planificadoras al estudio y gestión de temas hidrológicos, las que nos digan -como reza el título de la conferencia que tiene que impartir el profesor Marco Segura, de la UPV, en el referido seminario- cuáles son los «mitos y los números en la planificación hidrológica española».
Y si se alcanza un cierto consenso científico, cosa que no es aventurado suponer, acerca de cuáles son esos mitos y esos números, habría llegado entonces el momento, se que la clase política se esforzara por consensuar una política hidrológica que pudiera prolongarse, con los necesarios ajustes y matices, más allá de los cambios coyunturales de Gobierno. La tarea, como es obvio y evidente, no es nada fácil habida cuenta de que cada vez cobran mayor importancia lo que se denomina relaciones intergubernamentales en los países de amplia tradición federal, esto es, y por lo que se refiere al caso español, las relaciones entre el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, sin olvidar esa dimensión del Estado que también interviene en las referidas delaciones, como es la que representan las diputaciones provinciales.
Habida cuenta de las discrepancias que presentan en materia de agua los nuevos Estatutos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Aragón y Cataluña, la tarea no es ni fácil ni de desarrollo rápido. La realidad estatal de España es la que es, bien se denomine Estado compuesto como gusta decir el profesor Joan Romero, o bien Estado de las autonomías como reza la Constitución de 1978, o como podrá decirse quizás algún día Estado federal. Lo que existe, pues, son unas relaciones intergubernamentales cuyo ajuste es totalmente necesario para que tengamos, por fin, una política de gestión del agua que esté a la altura del cambio climático que se nos avecina.
*Catedrático de Sociología. Universitat de València