El texto del Estatuto afronta hoy su primer trámite en el Congreso con polémica sobre la caducidad del Tajo-Segura
Mar, 14/10/2008
La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se someterá hoy, día 14 de octubre, al debate de toma en consideración del Congreso de los Diputados, el primer trámite del texto en las Cortes generales, después de su aprobación por unanimidad en el Parlamento regional el 29 de enero de 2007. La reforma llega a la Cámara Baja con posiciones opuestas entre los diputados nacionales castellano-manchegos y los de las comunidades valenciana y murciana sobre la disposición transitoria primera del texto, que recoge el 2015 como fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura.
La cuarta reforma del Estatuto, tras las elaboradas en 1991, 1994 y 1997, llega al Congreso con el consenso del PSOE y del PP de Castilla-La Mancha, los dos únicos partidos con representación parlamentaria en las Cortes regionales, que lo elaboraron y votaron conjuntamente en el Parlamento, tras firmar hace ya tres años el denominado Pacto de Fuensalida, que inició el proceso estatutario.
El punto 'estrella', tras los 170 artículos del texto, es la disposición transitoria primera, en la que se pide que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del Estatuto hasta su definitiva extinción, que "en todo caso se producirá en 2015, coincidiendo con el plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los plazos referidos al buen estado ecológico de la aguas superficiales establecidos por la Directiva Marco de Aguas".
Asimismo, establece que el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hidrográfica del Tajo, que deberá estar aprobado en 2009, fijará la dotación suficiente a las necesidades y derechos reconocidos, a favor de Castilla-La Mancha por la normativa vigente en el momento de la entrada en vigor del Estatuto, la disminución progresiva de los caudales trasvasables, así como el incremento de las reservas no trasvasables.
"VOZ Y VOTO"
Añade al final de la disposición que hasta tanto se produzca la definitiva extinción del trasvase Tajo-Segura la Junta de Comunidades participará con voz y voto en los órganos permanentes de gestión y control constituidos en relación con el citado trasvase en proporción a su extensión territorial.
La inclusión de estas cláusulas en la reforma estatutaria ha contado durante este tiempo con la oposición frontal de los socialistas y 'populares' de la Comunidad Valenciana y de Murcia, beneficiarios de esta infraestructura, y que han manifestado, por diferentes interlocutores su intención de rechazar este punto del texto durante su trámite en el Parlamento nacional.
Al margen, el Estatuto incluye también una disposición adicional que determina que la inversión anual en infraestructuras del Estado en la región, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será al menos equivalente al porcentaje medio que resulte de considerar el peso de la población regional sobre el conjunto del Estado, la participación relativa del PIB regional con relación al del Estado y el porcentaje que representa la extensión territorial de la Comunidad Autónoma sobre la extensión territorial del Estado.
En Castilla-La Mancha, pese al consenso, la defensa de la caducidad del trasvase también ha sido motivo de reproches y de acusaciones mutuas de "debilidad" entre el presidente regional, José María Barreda y la presidenta 'popular', María Dolores de Cospedal, hasta la reunión que ambos mantuvieron el pasado 26 de septiembre en Toledo, momento en que pactaron un 'tiempo muerto' y defender conjuntamente el fin de esta infraestructura, con independencia de las posturas de sus partidos en otras CCAA.
INTERVENCIONES
Esta será la posición, por tanto, que defenderá la delegación autonómica, la primera en intervenir durante el debate de toma en consideración, que comenzará a las 16.00 horas. Iniciará la intervenciones el presidente regional, José María Barreda, al que seguirán el diputado regional del PSOE José Molina y el diputado regional del PP Leandro Esteban, en virtud de un acuerdo entre ambos partidos adoptado en el pleno del pasado jueves. De Cospedal se ha reservado su intervención para el paso del Estatuto por el Senado, donde ocupa escaño como senadora autonómica.
Está previsto que, junto a estos tres representantes acudan también al Congreso de los Diputados el presidente del Parlamento regional, Francisco Pardo, los miembros de la Mesa de la Cámara, las direcciones de los grupos parlamentarios Socialista y Popular y diputados y diputadas de ambos grupos.
El debate también será seguido desde la tribuna por los consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha, miembros de las instituciones regionales y de los agentes sociales y de asociaciones y grupos representantes de la sociedad castellano-manchega. Para el seguimiento del debate se han acreditado más de ochenta periodistas de medios de Castilla-La Mancha.
Tras la delegación autonómica, será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, aunque cabe la posibilidad de que intervenga previamente algún miembro del Gobierno central para defender la admisión a trámite del texto castellano-manchego. Desde el PSOE, será el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso el encargado de defender la posición del partido, mientras que desde el PP, el partido baraja la posibilidad de que intervenga el diputado por Toledo Arturo García-Tizón, según fuentes consultadas por Europa Press.
VOTOS
Tanto PSOE como PP afrontarán este debate a sabiendas de las discrepancias en torno al trasvase pueden provocar una fuga de votos, sobre todo entre los diputados nacionales de Murcia, que han pedido que las direcciones de ambos partidos garanticen la eliminación de la caducidad del trasvase.
De su lado, los diputados socialistas de la Comunidad Valenciana consultados por Europa Press no creen que vaya a haber fuga de votos en sus filas en la admisión a trámite de la reforma, aunque piden que durante su tramitación se reforme o elimine por "inviable" esta cláusula.
Por su parte, desde Izquierda Unida ya han anunciado que defenderá el no a los trasvases y la modificación del régimen de explotación del Tajo-Segura aumentando la reserva estratégica, estableciendo en 300 hectómetros cúbicos el máximo trasvasable para, en un proceso paulatino, alcanzar la reducción total, y "sin dañar los intereses históricos" del Levante. También pedirá que el texto recoja un mínimo de 59 escaños en las Cortes regionales y un sistema de asignación de escaños "objetivo".
La cuarta reforma del Estatuto, tras las elaboradas en 1991, 1994 y 1997, llega al Congreso con el consenso del PSOE y del PP de Castilla-La Mancha, los dos únicos partidos con representación parlamentaria en las Cortes regionales, que lo elaboraron y votaron conjuntamente en el Parlamento, tras firmar hace ya tres años el denominado Pacto de Fuensalida, que inició el proceso estatutario.
El punto 'estrella', tras los 170 artículos del texto, es la disposición transitoria primera, en la que se pide que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del Estatuto hasta su definitiva extinción, que "en todo caso se producirá en 2015, coincidiendo con el plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los plazos referidos al buen estado ecológico de la aguas superficiales establecidos por la Directiva Marco de Aguas".
Asimismo, establece que el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hidrográfica del Tajo, que deberá estar aprobado en 2009, fijará la dotación suficiente a las necesidades y derechos reconocidos, a favor de Castilla-La Mancha por la normativa vigente en el momento de la entrada en vigor del Estatuto, la disminución progresiva de los caudales trasvasables, así como el incremento de las reservas no trasvasables.
"VOZ Y VOTO"
Añade al final de la disposición que hasta tanto se produzca la definitiva extinción del trasvase Tajo-Segura la Junta de Comunidades participará con voz y voto en los órganos permanentes de gestión y control constituidos en relación con el citado trasvase en proporción a su extensión territorial.
La inclusión de estas cláusulas en la reforma estatutaria ha contado durante este tiempo con la oposición frontal de los socialistas y 'populares' de la Comunidad Valenciana y de Murcia, beneficiarios de esta infraestructura, y que han manifestado, por diferentes interlocutores su intención de rechazar este punto del texto durante su trámite en el Parlamento nacional.
Al margen, el Estatuto incluye también una disposición adicional que determina que la inversión anual en infraestructuras del Estado en la región, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será al menos equivalente al porcentaje medio que resulte de considerar el peso de la población regional sobre el conjunto del Estado, la participación relativa del PIB regional con relación al del Estado y el porcentaje que representa la extensión territorial de la Comunidad Autónoma sobre la extensión territorial del Estado.
En Castilla-La Mancha, pese al consenso, la defensa de la caducidad del trasvase también ha sido motivo de reproches y de acusaciones mutuas de "debilidad" entre el presidente regional, José María Barreda y la presidenta 'popular', María Dolores de Cospedal, hasta la reunión que ambos mantuvieron el pasado 26 de septiembre en Toledo, momento en que pactaron un 'tiempo muerto' y defender conjuntamente el fin de esta infraestructura, con independencia de las posturas de sus partidos en otras CCAA.
INTERVENCIONES
Esta será la posición, por tanto, que defenderá la delegación autonómica, la primera en intervenir durante el debate de toma en consideración, que comenzará a las 16.00 horas. Iniciará la intervenciones el presidente regional, José María Barreda, al que seguirán el diputado regional del PSOE José Molina y el diputado regional del PP Leandro Esteban, en virtud de un acuerdo entre ambos partidos adoptado en el pleno del pasado jueves. De Cospedal se ha reservado su intervención para el paso del Estatuto por el Senado, donde ocupa escaño como senadora autonómica.
Está previsto que, junto a estos tres representantes acudan también al Congreso de los Diputados el presidente del Parlamento regional, Francisco Pardo, los miembros de la Mesa de la Cámara, las direcciones de los grupos parlamentarios Socialista y Popular y diputados y diputadas de ambos grupos.
El debate también será seguido desde la tribuna por los consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha, miembros de las instituciones regionales y de los agentes sociales y de asociaciones y grupos representantes de la sociedad castellano-manchega. Para el seguimiento del debate se han acreditado más de ochenta periodistas de medios de Castilla-La Mancha.
Tras la delegación autonómica, será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, aunque cabe la posibilidad de que intervenga previamente algún miembro del Gobierno central para defender la admisión a trámite del texto castellano-manchego. Desde el PSOE, será el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso el encargado de defender la posición del partido, mientras que desde el PP, el partido baraja la posibilidad de que intervenga el diputado por Toledo Arturo García-Tizón, según fuentes consultadas por Europa Press.
VOTOS
Tanto PSOE como PP afrontarán este debate a sabiendas de las discrepancias en torno al trasvase pueden provocar una fuga de votos, sobre todo entre los diputados nacionales de Murcia, que han pedido que las direcciones de ambos partidos garanticen la eliminación de la caducidad del trasvase.
De su lado, los diputados socialistas de la Comunidad Valenciana consultados por Europa Press no creen que vaya a haber fuga de votos en sus filas en la admisión a trámite de la reforma, aunque piden que durante su tramitación se reforme o elimine por "inviable" esta cláusula.
Por su parte, desde Izquierda Unida ya han anunciado que defenderá el no a los trasvases y la modificación del régimen de explotación del Tajo-Segura aumentando la reserva estratégica, estableciendo en 300 hectómetros cúbicos el máximo trasvasable para, en un proceso paulatino, alcanzar la reducción total, y "sin dañar los intereses históricos" del Levante. También pedirá que el texto recoja un mínimo de 59 escaños en las Cortes regionales y un sistema de asignación de escaños "objetivo".