La comisión de aguas de Doñana estudiará la viabilidad del vertido de metales pesados de mina Las Cruces al Guadalquivir
Mié, 10/09/2008
El acuerdo se adoptó por amplísima mayoría y sin ningún voto en contra en la reunión de ayer 8 de septiembre del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.
En primera instancia el Consejo rechazó la propuesta de Ecologistas en Acción para que la Junta de Andalucía revocara directamente la autorización de vertido de metales pesados al Guadalquivir por parte de la mina de Las Cruces. Pero en segunda instancia se conformó un acuerdo entre la Estación Biológica de Doñana y los representantes del Ministerio de Medio Ambiente que contó con el apoyo de los Ayuntamientos del entorno de Doñana, con los representantes de la Junta de Andalucía y que finalmente fue apoyado también por los grupos ecologistas WWF/Adena, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción.
El acuerdo adoptado faculta a la Comisión de Aguas de Doñana para que realice un estudio sobre la viabilidad de reutilización del vertido de Las Cruces. Si de estos estudios se deduce la posibilidad técnica de implementar un sistema de VERTIDO CERO, la Comisión de Aguas llevará al próximo Consejo del mes de diciembre su informe para que la Junta de Andalucía revise la autorización de vertido.
Este informe se enmarca dentro de la obligación que tiene el Consejo de Participación de Doñana de informar sobre cualquier proyecto que afecte a las aguas que llegan al espacio natural, en este caso a través del Estuario del Guadalquivir. Ecologistas en Acción, como miembro de la Comisión de Aguas, insistirá además en la condición de LIC del estuario que obliga a extremar las medidas de conservación del medio.
Igualmente, Ecologistas en Acción insistirá en que el artículo 57 de la Ley 22/88 de Costas (de aplicación para el estuario del Guadalquivir) establece la obligación a la empresa Cobre Las Cruces para que justifique técnicamente la imposibilidad de eliminar sus vertidos contaminantes de metales pesados que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública, para los cultivos de arroz, para el aprovechamiento piscícola actual del río, y para el medio natural, y obligan al estudio de alternativas de reutilización en tierra del vertido.
En este sentido, la Comisión de Aguas, que está presidida por el presidente de la CHG Francisco Tapias, también estudiará la distribución del vertido tóxico y sus afecciones a través de la cadena trófica. También se estudiarán los posibles efectos de las emisiones contaminantes a la atmósfera de la planta hidrometalúrgica de Las Cruces, que evidentemente también afectarán al estuario del Guadalquivir y a Doñana.
En primera instancia el Consejo rechazó la propuesta de Ecologistas en Acción para que la Junta de Andalucía revocara directamente la autorización de vertido de metales pesados al Guadalquivir por parte de la mina de Las Cruces. Pero en segunda instancia se conformó un acuerdo entre la Estación Biológica de Doñana y los representantes del Ministerio de Medio Ambiente que contó con el apoyo de los Ayuntamientos del entorno de Doñana, con los representantes de la Junta de Andalucía y que finalmente fue apoyado también por los grupos ecologistas WWF/Adena, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción.
El acuerdo adoptado faculta a la Comisión de Aguas de Doñana para que realice un estudio sobre la viabilidad de reutilización del vertido de Las Cruces. Si de estos estudios se deduce la posibilidad técnica de implementar un sistema de VERTIDO CERO, la Comisión de Aguas llevará al próximo Consejo del mes de diciembre su informe para que la Junta de Andalucía revise la autorización de vertido.
Este informe se enmarca dentro de la obligación que tiene el Consejo de Participación de Doñana de informar sobre cualquier proyecto que afecte a las aguas que llegan al espacio natural, en este caso a través del Estuario del Guadalquivir. Ecologistas en Acción, como miembro de la Comisión de Aguas, insistirá además en la condición de LIC del estuario que obliga a extremar las medidas de conservación del medio.
Igualmente, Ecologistas en Acción insistirá en que el artículo 57 de la Ley 22/88 de Costas (de aplicación para el estuario del Guadalquivir) establece la obligación a la empresa Cobre Las Cruces para que justifique técnicamente la imposibilidad de eliminar sus vertidos contaminantes de metales pesados que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública, para los cultivos de arroz, para el aprovechamiento piscícola actual del río, y para el medio natural, y obligan al estudio de alternativas de reutilización en tierra del vertido.
En este sentido, la Comisión de Aguas, que está presidida por el presidente de la CHG Francisco Tapias, también estudiará la distribución del vertido tóxico y sus afecciones a través de la cadena trófica. También se estudiarán los posibles efectos de las emisiones contaminantes a la atmósfera de la planta hidrometalúrgica de Las Cruces, que evidentemente también afectarán al estuario del Guadalquivir y a Doñana.